La empresa Emerita Resources, finalista en el concurso, sugiere que Minorbis creó una sociedad ex profeso para el concurso minero y estudia querellarse contra los miembros de la Mesa de Contratación.
La empresa minera canadiense Emerita Resources ha calificado de «lamentable» la resolución del concurso internacional para la reapertura de las minas de Aznalcóllar y ha criticado la «parodia de transparencia» en la que se ha desarrollado el acto de transmisión pública de la decisión de la mesa de contratación, agregando que estudia una posible querella criminal contra aquellos miembros de la Mesa de Contratación que pudieran haber cometido un «ilícito penal» con su actuación en este procedimiento.
En un comunicado recogido por agencias, el letrado de la empresa Ramón Escudero Espin ha criticado que el acto se ha ceñido a una lectura de un acta «que ya estaba preparada» y que «en ningún momento ha cumplido con la transparencia anunciada de la apertura de las ofertas con relación a los criterios evaluables en el proceso».
«No se han cumplido con los criterios establecidos en la orden de 28 de enero de 2015», señala la empresa. Asimismo afirma que se ha solicitado por escrito el conocimiento de las ofertas presentadas al no haber existido proceso de apertura pública de las mismas, un extremo que «se le ha negado en todo momento».
No obstante, para la compañía, la irregularidad más significativa» en esta fase es la participación en el procedimiento por parte de la otra oferta, de una entidad cuya publicación de constitución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil se realizó el día 25 de abril de 2014, nueve días después de finalizar la primera fase del concurso, bajo la denominación de Minorbis Sociedad Limitada.
En esa línea, relatan que Minorbis es una sociedad unipersonal, cuyo socio único es Abaden Gestión Sociedad Limitada, «que a su vez tiene un consejo de administración compuesto también por sociedades unipersonales, todas ellas con un capital social mínimo y sin ninguna solvencia económica». Así las cosas, consideran que se trata de «un entramado societario, propio de empresas que pretenden eludir sus posibles responsabilidades».
Además, la compañía canadiense ha lamentado que «desde el primer momento los responsables de la Consejería se hayan manifestado públicamente a favor de la presencia en la otra oferta de una sociedad, Magtel, que en modo alguno ha participado en el procedimiento, con un total desprecio a su oferta y a sus socios».
«Todo esto, unido a las anomalías denunciadas y la negativa a la apertura pública de las ofertas, a la negativa a tener acceso al expediente, a las contestaciones fuera de rigor jurídico recibidas en un proceso de esta naturaleza y a otras anomalías cuya información se reserva Emerita para posibles actuaciones en defensa de sus legítimos intereses, sobre todo relativas a la información propia del proyecto de Emerita certificada página por página por notario», reza en el comunicado, en el que advierten de que se estudia poner una querella criminal contra aquellos miembros de la Mesa de Contratación que pudieran haber cometido un «ilícito penal».