Desde el otoño de 2020, la Ley del Cine andaluza estaba sometiéndose a consulta para conseguir modificarla. Es en medio de ese proceso, cuando un grupo de cineastas, que se dedican precisamente al género documental, deciden organizarse, conformar esta Mesa y redactar una carta con diez revisiones de la normativa que ellos entendían como «imprescindibles».
Esas propuestas de modificación partían de dos críticas principales que hacía la Mesa: una vocación industrial donde la prioridad era la generación de beneficios y la promoción de formatos comerciales y convencionales y, por otro lado, un “enorme desconocimiento” sobre el cine de No Ficción que el texto dejaba entrever (en palabras del propio comunicado de la Mesa).
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