El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al cargo en la mañana de este lunes tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que lo condena a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La decisión, que marca un hecho inédito en la historia judicial española, fue comunicada a primera hora al ministro de Justicia, Félix Bolaños, mediante una carta en la que formaliza su salida.
El fallo, hecho público la semana pasada, considera a García Ortiz responsable de divulgar información reservada, lo que además de la inhabilitación conlleva una multa económica y la obligación de indemnizar a la persona afectada. Se trata de un pronunciamiento judicial de especial relevancia, al ser la primera vez que un fiscal general del Estado es condenado en el ejercicio de sus funciones.
La dimisión del fiscal general se produce en un momento de alta sensibilidad institucional y abre el proceso para la designación de un nuevo responsable al frente del Ministerio Público. La elección se dará en un contexto de tensión política y debate sobre la independencia de la Fiscalía, una cuestión recurrente en el panorama jurídico español.
Según fuentes jurídicas consultadas, la renuncia de García Ortiz responde a su voluntad de facilitar una transición ordenada y evitar que la situación genere un mayor desgaste institucional. Mientras tanto, el Gobierno deberá iniciar los trámites para el nombramiento de su sustituto, en un escenario marcado por la polémica y la incertidumbre.