Alvise Pérez.- Archivo
Alvise Pérez.- Archivo

El Tribunal Supremo ha acordado abrir diligencias contra el eurodiputado Luis «Alvise» Pérez en dos causas distintas: una por presunta financiación ilegal y otra por la difusión de una prueba PCR falsa atribuida al actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Para poder avanzar en la investigación, el Alto Tribunal deberá solicitar previamente el suplicatorio al Parlamento Europeo, donde Pérez ocupa escaño como cabeza visible del partido Se Acabó La Fiesta (SALF).

La Sala de lo Penal del Supremo ha tomado esta decisión tras apreciar indicios de delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental. Esta actuación responde a la exposición razonada enviada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, quien solicitaba la apertura de causa por un posible delito de financiación ilegal y otro de carácter electoral. Según el escrito, «Alvise» habría recibido 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, alias «Cryptospain», para financiar su formación política.

Por otro lado, el procedimiento relacionado con la PCR falsa de Salvador Illa se inició en 2021 en el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, tras una querella presentada por la Fiscalía. Con la entrada de Pérez en la Eurocámara, la competencia pasó al Tribunal Supremo, aunque la causa se vio ralentizada por defectos formales en la remisión del expediente desde el juzgado de origen.

En paralelo, el Supremo ha rechazado abrir una causa por un presunto delito de desórdenes públicos, vinculado a las protestas contra la ley de amnistía que tuvieron lugar a finales de 2023 frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Según el Alto Tribunal, no existen elementos suficientes que sustenten esa acusación.

La situación judicial de «Alvise» se agrava con otras causas pendientes. La titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha trasladado al Supremo un testimonio por un presunto delito de amenazas contra una magistrada, motivado por la difusión de ciertos contenidos en los canales del eurodiputado. Además, el Tribunal ha recibido una denuncia del diputado socialista Javier Alfonso Cendón por calumnias, al ser vinculado por Pérez con la trama del «caso Tito Berni» a través de su canal de Telegram.

Vox también presentó una querella contra «Alvise» por sugerir que su líder, Santiago Abascal, podría haber recibido dinero del entorno de Romillo. No obstante, el Supremo archivó la causa al interpretar que esas declaraciones no constituían delito, al tratarse de meras sospechas sin atribuciones directas.

Por último, la Audiencia de Sevilla mantiene abierta una investigación sobre la publicación de una imagen de la hija del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obtenida —según la Fiscalía— desde un perfil privado de Instagram. Este episodio podría derivar en delitos de revelación de secretos o vulneración del derecho a la intimidad.

Con estas causas abiertas, el futuro judicial de Luis «Alvise» Pérez se complica, a la espera de la respuesta del Parlamento Europeo ante la solicitud del suplicatorio.