Carmen Crespo ha advertido que no se van a autorizar ni permitir acampadas u ocupaciones que vulneren el Estado de Derecho, en referencia al intento de ocupación del SAT en Las Turquillas.
La delegada del Gobierno, Carmen Crespo, en su visita a Roquetas, se ha referido al intento de ocupación por el SAT de la finca Las Turquillas, propiedad del Ministerio de Defensa, en la provincia de Sevilla, y de la finca de propiedad privada La Rueda, en Jaén, y ha advertido que, dentro del respeto a los derechos constitucionales, “no se van a autorizar ni permitir acampadas u ocupaciones que vulneren el Estado de Derecho”.
Esta ocupación se realizó por motivo del Día Internacional del Trabajador, día del que Crespo ha hecho balance en Andalucía, que según las estimaciones policiales congregó a un total de 27.000 personas en toda la comunidad autónoma, algo menos que el año pasado, y ha querido “agradecer el comportamiento ejemplar de los participantes en las manifestaciones, que hizo que la jornada se desarrollara con tranquilidad y sin incidentes”.
Mantenimiento de las costas andaluzas
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente invertirá este año 6,2 millones de euros en distintas actuaciones de conservación y mantenimiento de la costa en la comunidad autónoma andaluza tendentes a mejorar el estado de las costas de cara a la temporada de verano y en diferentes obras de infraestructura, según ha anunciado la delegada del Gobierno.
Además, este importe contempla igualmente actuaciones medioambientales de mayor proyección temporal dirigidas a subsanar deficiencias estructurales en la costa, como la recuperación ambiental del delta del río Andarax, en el término municipal de Almería, actualmente en fase de ejecución, que cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros en este presente ejercicio.
Por otra parte, la delegada se ha referido a la nueva Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, aprobada por el Senado el pasado 24 de abril y que ahora ha de ser ratificado por el Congreso, como una ley que “preserva el litoral, ofrece seguridad jurídica y permite el crecimiento económico” y ha anunciado que dará más detalles sobre sus efectos en Andalucía una vez entre en vigor.
Crespo ha destacado que uno de estos problemas que arrastra la actual legislación, como ha demostrado la experiencia, es una urbanización descontrolada en algunos puntos de litoral que ha supuesto su degradación. “La denominada cláusula “antialgarrobicos” permitirá, a partir de ahora, atajar posibles incumplimientos, ya que el Gobierno podrá suspender cautelarmente una obra a la espera de la decisión de los jueces”, ha explicado.