Empleo concedió ayudas económicas sin contar con el permiso previo obligatorio

Mercasevilla, suma y sigue

Descubren un segundo «intruso» en el ERE de Mercasevilla

La Policía Judicial ha descubierto nuevas prejubilaciones fraudulentas en empresas como el restaurante Río Grande y la textil Hitemasa. Se han descubierto indicios de que la Consejería de Empleo podría haber ayudado a esta trama. La Policía cree que el Gobierno concedió casi 650 millones de forma ilegal.

 

Miriam Rico/Sevilla Actualidad. El caso Mercasevilla parece no tener fin y cuanto más se investiga más se encuentra detrás del velo. La investigación iniciada en torno a este caso se amplía hasta el extremo de que la Policía Judicial ha descubierto indicios de que el caso se ha convertido en una presunta trama de prejubilaciones ilegales que contó con ayudas de la Consejería de Empleo.

Cuatro personas más han sido detenidas entre diciembre y enero por su implicación en las irregularidades que se extienden a cada vez más empresas. Las últimas en descubrir que tienen relación con el caso son el restaurante Río Grande y la empresa textil Hitemasa.

Los cuatro últimos detenidos por su presunta implicación en la presunta trama que se lucró por incluir a personas que nunca trabajaron en la empresa son: el ex secretario general del PSOE de Baeza, Antonio Garrido Santoyo, por un supuesto delito de estafa; el ex sindicalista y “conseguidor” Juan Lanzas, el empresario Francisco Limón y el comercial de la consultora Vitalia Vida, Francisco González.

Una trama destinada a introducir a «hombres paja»

La investigación llevada a cabo por la Brigada Provincial de Policía Judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por Mercasevilla han revelado una “trama ilegal” destinada a introducir a “hombres paja” o personas ajenas o empresas a la sociedad mixta, como el restaurante Río Grande o la textil Hitemasa. Lo que se pretendía era cobrar irregularmente las rentas correspondientes a sus prejubilaciones fraudulentas.

De esta trama ilegal también forma parte el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, quien presuntamente creó un nuevo “sistema” de ayudas para empresas en crisis, hecho que constituye un “incumplimiento flagrante” de la Ley autonómica de Hacienda Pública.

De hecho, la policía piensa que a través de este nuevo “sistema” la Junta dotó con 647 millones de euros a las empresas en crisis al margen de la ley. Tales fondos procedían de la Consejería de Empleo que, entre el año 2000 y 2010, salían sin los controles necesarios hacia diversas empresas, como Río Grande o Hitemasa, según explica el diario El País en su versión digital.

El ex director general de Empleo, Javier Guerrero, calificó este sistema ilegal en su declaración como testigo el pasado mes de diciembre como “un fondo de reptiles”. Y es que, despué de un convenio entre Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Guerrero dispuso de fondos públicos “sin haberse tramitado procedimiento administrativo previo y sin competencia para ello», tal y como recoge El País.

Por ello Guerrero declaró a la policía que “era un fondo de reptiles” que se utilizaba para dar dinero a empresas en crisis, pero sin contar con el correspondiente control administrativo obligatorio para conceder tales ayudas.

A raíz de tales declaraciones y de las investigaciones realizadas por la Policía Judicial, la juez Mercedes Alaya encargada del caso ha abierto una causa independiente a Mercasevilla sobre el resto de EREs y ayudas ejecutadas por la Junta de Andalucía, detectando así irregularidades en las empresas  Hitamasa y Río Grande.

Los nuevos imputados, uno a uno

Francisco Javier Guerrero y Juan Lanzas

Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, dispuso de fondos públicos para ayudar a empresas en crisis sin contar con el control administrativo necesario y obligatorio que se exige para conceder tales ayudas.

Además, Guerrero ha señalado al ex sindicalista de la UGT de Jaén como “negociador” de muchos expedientes de regulación de empleo.

El ERE impulsado en 2007 por la sociedad mixta, cuyo valor es de más de nueve millones de euros, se resolvió con unas 40 prejubilaciones cuya financiación quedaron en el aire tras desligarse de ella la Consejería de Empleo.

Por su parte, el responsable de la compañía ‘Hermes Consulting S.L.’, Francisco José González García, indica que Juan Lanzas, ex sindicalista de la UGT de Jaén, habría sido incluido de manera fraudulenta en el expediente de regulación de empleo promovido por la empresa textil Hitemasa.

Sin embargo Lanzas ha negado ante los investigadores que participase en la inclusión de Carmen Fontela en el primero de los EREs y que cobrase prejubilación alguna por el expediente de regulación de empleo promovido por Hitemasa.

Además, Lanzas ha asegurado que su participación en el expediente de regulación de empleo promovido en 2005 por el restaurante Río Grande fue «mínima».

Lanzas también ha negado cualquier acuerdo con el comercial de Vitalia Vida, manifestado que «desconoce todo lo relacionado con este asunto», aunque ha admitido que conoce a González García.

El comercial de Vitalia Vida, González García, declaró que “había oído en varias ocasiones que Lanzas cobraba ciertas cantidades por llevar clientes a Vitalia Vida, aunque esto no dejan de ser rumores», señala el atestado policial, en el que también figura que González García relata que ante un reproche, Juan Lanzas le respondió que «tú no te preocupes, que en cuanto podamos, metemos a una persona de confianza en uno de estos ERE y tú te llevas parte de esta prima».

Francisco José González García, comercial de Vitalia Vida

Este comercial de la consultora Vitalia Vida y responsable de la sociedad ‘Hermes Consulting S.L.’, es uno de los cuatro detenidos en relación a los EREs promovidos en 2003 y 2007 por Mercasevilla.

En su declaración, el pasado mes de diciembre, González reconoció que él mismo eligió a Carmen Fontela González para formalizar una prejubilación fraudulenta. Fontela figura como aspirante a la prejubilación en el ERE de 2003 promovido en 2003 por el mercado central de abastos de Sevilla pese a que jamás había trabajado en la lonja.

Según un extracto del atestado policial recogido por Europa Press, González García explicó que la búsqueda de “clientes” expuso a los ex directivos del mercado central Fernando Mellet y Daniel Ponce, las «bondades de acogerse a un plan de prejubilaciones para rejuvenecer a la plantilla».

Para la «mediación» del procedimiento ante la Junta de Andalucía, «se recurre a Juan Lanzas y se le requiere para que se entreviste con representantes de la Junta para obtener las ayudas necesarias».

Además, la sociedad ‘Hermes Consulting’ facturó cerca de 64.000 euros a Mercasevilla por la localización de «financiación» para el procedimiento y «desbloquear el problema con los sindicatos».

Y es que a preguntas de los investigadores, González García ha asegurado que por lo que a este ERE de Mercasevilla se refiere, no entregó ningún dinero a Juan Lanzas, pues ex dirigente de la UGT «cobraba directamente de Mercasevilla».

En cuanto a la práctica de los «hombres de paja» en los expedientes de regulación de empleo, ha manifestado este comercial que «se comentaba» que se trataba de un método habitual.

Antonio Garrido Santoyo

El director comercial de Vitalia Vida, Antonio José Albarracín Muñoz, también se ha referido en su declaración a Antonio Garrido Santoyo, un ex miembro de la ejecutiva socialista del municipio jiennense de Baeza.

Según Albarracín Muñoz, el por entonces director general de la lonja, Fernando Mellet, «indicó» a esta empresa la formalización de una póliza de rentas por prejubilación a favor de Santoyo.

Según su testimonio, Mellet defendía que se trataba de «un compromiso ineludible de Mercasevilla con él» y que la operación gozaba de la «conformidad» de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, entonces dirigida por Francisco Javier Guerrero.

La declaración de Antonio José Albarracín Muñoz incluye a Garrido Santoyo como prejubilado en el expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla pese a que él jamás ha trabajado en la lonja.

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