La Junta ha aprobado la nueva normativa que incluye las modificaciones acordadas con UGT y CCOO. El nuevo decreto entrará en vigor tras su envío al Parlamento para su trámite como proyecto de Ley.
Sevilla Actualidad. El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto-Ley de reordenación del sector público andaluz. El decreto, aprobado el pasado mes de julio, incluye las modificaciones llevadas a cabo con el consenso del Gobierno andaluz, CCOO-A y UGT-A, organizaciones sindicales mayoritarias en la Mesa General de Negociación del Empleado Público, celebrada el pasado 18 de noviembre.
La nueva normativa entrará en vigor de forma inmediata, una vez haya sido enviada al Parlamento andaluz y tramitada como proyecto de Ley, tramitándose por la vía de urgencia. Así, se abre una nueva ronda de negociación, de la que la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, espera alcanzar un debate parlamentario “esclarecedor”, justificando su debate en razones de “oportunidad social y política”.
Según Moreno, el nuevo decreto mantiene el modelo y el fondo del anterior, pero amplía las “garantías de derechos” de los trabajadores. La consejera ha subrayado que, además, pretende “la modernización del sector con criterios de austeridad”.
La norma incide en el carácter voluntario de la incorporación de los funcionarios y del personal laboral de la Administración General de las agencias, con la correspondiente integración del personal de las entidades instrumentales que se supriman. Una de ellas es la Agencia Andaluza del Agua, cuyos trabajadores se integrarán en la Consejería de Medio Ambiente.
Mientras CSIF califica la norma de “mero blanqueo de formas” y el PP reclama su derogación, el decreto ya no podrá ser modificado vía enmienda a través del proyecto de ley de Presupuestos de la Junta.
El polémico decreto tiene como objetivo agrupar en 14 grandes contenedores las 254 empresas instrumentales de la Junta, propiciando la supresión, por fusión o absorción, de 111 de ellas. La norma incide en el régimen de integración del personal en las agencias públicas empresariales y de régimen especial.