La huelga médica convocada en Andalucía entre el 9 y el 12 de diciembre contra la propuesta de Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad ha arrancado con un seguimiento «alto» según el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Su presidente, Rafael Ojeda, ha pedido comprensión a los ciudadanos al asegurar que la protesta «no busca una mejora salarial», sino una defensa del sistema público: «No pedimos una mejora de sueldo sino una mejora de la calidad de la sanidad pública. Su futuro está en juego».

El paro, al que están llamados cerca de 30.000 facultativos, se celebra en plena ola de virus respiratorios, un contexto que ha llevado a la Junta de Andalucía a recomendar el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias hasta al menos el 8 de enero.

«La precariedad es extrema en la sanidad pública»

Ojeda ha explicado que la situación laboral de los médicos es «insostenible» debido a guardias exhaustivas y condiciones que, asegura, se apoyan en la «explotación laboral del médico». Por ello, han reclamado una mesa de negociación propia, diferenciada de la del resto de profesionales sanitarios.

Aunque la Junta de Andalucía no participa en la negociación del Estatuto Marco —competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad—, el presidente del SMA ha señalado que todas las administraciones «tienen responsabilidad» en la situación actual.

Servicios mínimos similares a un festivo

Para esta huelga de cuatro días, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha fijado unos servicios mínimos que garantizan la actividad asistencial equivalente a un día festivo tanto en Atención Primaria como en hospitales. Entre ellos:

  • Atención al 100% de los servicios que habitualmente se prestan un domingo o festivo.
  • Cobertura completa de urgencias, cuidados críticos y partos.
  • Garantía del 100% de las pruebas diagnósticas urgentes.
  • Un médico dedicado exclusivamente a urgencias en los centros de salud sin SUAP o con horarios no coincidentes.
  • Plantillas de urgencias hospitalarias equivalentes a las de un fin de semana, con posibilidad de ampliación de hasta el 50% según el número de MIR.

En el 061 se ha establecido un 90% de cobertura, mientras que en el servicio de teleoperación de Salud Responde trabajará el 75% de los efectivos.

El SMA ha rechazado estos servicios mínimos al considerarlos «impuestos» y «no acordes al derecho a huelga», mientras que el SAS los defiende como «adecuados» para garantizar la asistencia urgente.

La Junta cifra el seguimiento en el 32% y advierte de impacto en las listas de espera

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha ofrecido cifras diferentes a las del SMA y sitúa el seguimiento de la huelga en un 32%. Por provincias, destacan porcentajes como los de Sevilla (36,74%), Cádiz (33,93%) o Huelva (35,68%).

Sanz ha advertido de la «altísima repercusión» que el paro puede tener en las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas y ha criticado con dureza la actuación de la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien acusa de presentar una reforma «improvisada, ideologizada y sin financiación». «Tiene interés en que el sistema vaya mal —ha señalado—. No tenemos margen y además no ha negociado con las comunidades».

El consejero sostiene que la propuesta del Estatuto Marco «genera frustración» entre los profesionales y «traslada un problema» a las comunidades autónomas, responsables directas de la asistencia y la planificación del personal. También advierte de que la reforma ha creado «fricciones» con otros colectivos como Enfermería, técnicos, fisioterapeutas y servicios de emergencias.

«Vamos a la huelga por la supervivencia del sistema»

En una entrevista en Canal Sur, Rafael Ojeda ha insistido en que la huelga «no pide dinero» y que cada día de paro supone «una pérdida económica» para los facultativos. «Vamos a la huelga por mejorar las condiciones de trabajo, para que el trabajo en la sanidad pública sea asumible en condiciones adecuadas y nos permita prestar una atención correcta», ha subrayado.

El presidente del SMA concluye que, si no se modifica el modelo organizativo y laboral, «el sistema sanitario público es insostenible».