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El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado a la directora gerente actual del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a sus predecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, en relación con una querella presentada por los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz. La querella, registrada el pasado martes, denuncia «posibles irregularidades» en contrataciones de emergencia realizadas por el SAS desde 2021.
El auto judicial, emitido el 12 de noviembre, admite la querella y su ampliación y solicita que los tres gerentes comparezcan ante el juzgado en noviembre de 2024 para ser informados de sus derechos y recibir copia del expediente de querella. La querella inicial presentada por los parlamentarios socialistas señalaba presuntas irregularidades en contratos realizados en los años 2021 a 2023, que pudieron incurrir en un posible delito de prevaricación administrativa.
Un «trámite ordinario»
Por su parte, el Ejecutivo andaluz ha minimizado la relevancia de la citación, calificándola como un «trámite ordinario» y argumentando que todos los procedimientos de contratación del SAS «están dentro de la ley». El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha referido a la denuncia como una «querella política inventada», defendiendo que se trata de un recurso judicial que debería resolverse en favor del archivo del caso. Sin embargo, Juan Espadas, secretario general del PSOE-A, ha instado al Gobierno andaluz a no restar gravedad a las acusaciones y ha subrayado la importancia de una respuesta institucional sólida y transparente.
Además, el juzgado ha solicitado al SAS la entrega de expedientes de contratación tramitados por emergencia entre 2021 y 2023, en respuesta a los requerimientos de la Fiscalía Anticorrupción. El PSOE-A ha alegado que el uso de procedimientos de emergencia para adjudicaciones a empresas sanitarias continuó en 2024, contradiciendo las normativas de contratación pública. La Junta, según Espadas, no solo habría incurrido en un abuso de contrataciones de emergencia, sino que también habría «ocultado» un informe de fiscalización que advierte de dichas irregularidades.
La investigación sigue avanzando con la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, ampliando su alcance sobre las contrataciones en la gestión actual del SAS y sus antecedentes en el contexto de la pandemia de Covid-19.