La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha emitido un informe al Parlamento de Andalucía en el que considera que la proposición de ley presentada por el PP y Vox para ampliar la zona de regadíos en el entorno de Doñana es «como mínimo, inútil, y con más exactitud, un engaño».

El informe técnico señala que la iniciativa contradice el Plan Hidrológico del Guadalquivir. Además, la CHG afirma que la ley de regadíos afectaría a los acuíferos de Doñana y va en contra de la normativa de la Unión Europea, así como de las recomendaciones de la Unesco. También se indica que sería incompatible con el trasvase de agua desde los ríos Tinto, Odiel y Piedras, el cual tiene como propósito garantizar el suministro de agua a los municipios del Condado de Huelva.

«Resulta incomprensible, salvo mala fe deliberada, que, tras seis meses de consulta pública del Plan Hidrológico concluidos el 21 de diciembre de 2021, se hicieran por parte de la Junta de Andalucía doce alegaciones al mismo con un total de 144 páginas sin referencia alguna a ampliaciones de la superficie regable en Doñana y que dos días después, el 23 de diciembre de 2021, se presentara en el Parlamento de Andalucía la primera proposición de ley en este sentido», dice el informe, que señala la ausencia de «plan alguno que sirva de base» para su formulación.

La Ley de Evaluación Ambiental

El informe también señala que esta propuesta va en contra de los principios de «lealtad institucional, coordinación, información mutua, cooperación, colaboración y coherencia» establecidos por la Ley de Evaluación Ambiental para las actuaciones de las Administraciones en materia de evaluación ambiental.

El dictamen del informe no deja dudas de que la iniciativa parlamentaria contradice de manera explícita uno de los principios fundamentales del Plan Hidrológico del Guadalquivir, que es el «incremento cero de regadíos, salvo los ya planificados», el cual constituye una piedra angular en la planificación hidrológica de la región.

Además, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir señala que en ningún momento la Junta de Andalucía se ha opuesto a estas políticas, e incluso no hay constancia de comentarios al respecto por parte de la Junta.