El Instituto Andaluz de la Mujer destina este año el doble de inversión para proyectos de atención a víctimas de prostitución y explotación sexual.

La directora general de Violencia de Género y directora en funciones del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Ángeles Sepúlveda, ha participado este miércoles en la inauguración de las jornadas de Gobernanza Local: ‘Instrumentos y procesos para la acción local en materia de violencia de género’, impulsadas en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla con el fin de sensibilizar frente a toda forma de violencia de género, poniendo el foco en la prostitución y en los modelos sociales de masculinidad que favorecen la compra de servicios sexuales, enmascarando la explotación sexual de mujeres y niñas dentro del ocio y el entretenimiento masculino.

Sepúlveda ha subrayado la importancia de jornadas como ésta para reflexionar «socialmente» sobre la repercusión de los roles masculinos, la construcción de la sexualidad y los servicios sexuales como ocio, que dejan a miles de mujeres «desnudas de derechos».

Asimismo, la directora ha resaltado la necesidad de crear redes de apoyo institucionales y sociales para la erradicación de esta forma de violencia de género. En este sentido, ha recordado que la Junta mantiene una estrecha colaboración con entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo proyectos de atención a mujeres víctimas de prostitución y trata con fines de explotación sexual.

En concreto, el Instituto Andaluz de la Mujer ha destinado este año 700.000 euros de inversión para estas iniciativas, una cuantía que duplica a la de la anterior convocatoria, por lo que se prevé llegar a más población.

En los dos últimos años, el IAM ha atendido en colaboración con ONGs a 5.700 mujeres víctimas de prostitución y trata con fines de explotación sexual, una cifra que ha ido aumentando en estos años de crisis.

Junto a ello, la Junta trabaja en la elaboración de la Estrategia Integral contra la Trata de Mujeres y personas menores con Fines de Explotación Sexual en Andalucía, un documento cuyo trámite fue aprobado el pasado mes de agosto en Consejo de Gobierno y que lo está desarrollando un grupo de trabajo multidisciplinar.

El plan se estructura en torno a cinco líneas estratégicas relativas a prevención, sensibilización y visibilización en la ciudadanía; detección, protección y asistencia integral a las víctimas; persecución de las redes de trata; cooperación y coordinación internacional e institucional; e investigación, transferencia del conocimiento y formación.