El colectivo de trabajadoras del 061 acumula nueve meses de huelgas denunciando la pérdida de calidad en el servicio público y la precariedad en el empleo.
El Pleno del Parlamento ha aprobado una proposición no de ley que insta a la Junta de Andalucía a adoptar medidas para que la administración autonómica recupere la prestación del servicio de atención telefónica de emergencias 061 a partir del 1 de enero de 2017, fecha de finalización del contrato actualmente en vigor con una empresa externa. La iniciativa, impulsada inicialmente por Podemos, ha sido suscrita por todos los grupos políticos a excepción de PSOE-A, quién finalmente ha visto cómo otra iniciativa en favor de la mejora de los servicios públicos de Andalucía vuelve a ser aprobada con su voto en contra.
La propuesta consta de dos puntos: el primero de ellos, que solicita la activación de medidas oportunas para la solución del conflicto laboral que sufren las trabajadoras del 061, muchas de ellas despedidas y con sentencias judiciales que condenan el despido, y la dignificación de las condiciones laborales de las plantillas de las contratas del 061 que, fruto de los recortes aplicados por el ejecutivo de Susana Díaz, han precarizado el empleo y reducido considerablemente la calidad del servicio.
Por otra parte, también se ha instado a la Junta de Andalucía a adoptar las medidas necesarias para que la gestión del servicio telefónico de emergencias sanitarias 061 sea prestado directamente por la EPES (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias) a partir del 1 de enero 2017, lo que permitiría recuperar la gestión de un servicio cuya privatización sólo ha supuesto merma en la calidad y devaluación de las condiciones de los trabajadores. La pluralidad de grupos políticos presente en el Parlamento de Andalucía ha facilitado la aprobación de este apartado pese a la negativa del PSOE-A.
Según ha explicado el parlamentario de Podemos por Cádiz, Jesús Rodríguez, se trata de «un acuerdo de mínimos con el que esperábamos que PSOE-A se sumara a los cuatro grupos firmantes», sin embargo «nos hemos encontrado con un partido sin voluntad de acuerdo ni capacidad para aportar soluciones».
El colectivo de trabajadores del 061, integradas en las subcontratas que gestionan este servicio vital para la sanidad andaluza, acumula ocho meses de protestas y huelgas y tanto los equipos directivos de las empresas publicas como la propia Junta de Andalucía aún no han intercedido para garantizar la calidad del servicio y atajar la precariedad laboral. En este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía ya han aconsejado que la gestión de emergencias telefónicas se realice directamente por las empresas públicas, dado que es más rentable tanto social como económicamente para el erario público.