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Griñán: «Alguno de los controles pudo fallar»

El ex presidente de la Junta de Andalucía ha declarado hoy en el Tribunal Supremo sobre su posible responsabilidad en el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía.

El ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha defendido hoy ante el Tribunal Supremo, y en el marco del caso de los ERE, que estando al frente del Consejo de Gobierno, «en 19 años», «nunca jamás se ha adoptado ninguna decisión ilegal».

Chaves ha insistido en que «nunca», para añadir que «ni se ha conocido ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad», en una comparecencia ante la prensa y en la que no ha admitido preguntas.

Del mismo modo, el ex presidente andaluz ha vuelto a afirmar que las ayudas sociolaborales actualmente investigadas fueron «positivas» para los trabajadores y contra el desempleo en Andalucía.

Chaves se ha presentado sobre las diez de la mañana en el Supremo donde ha sido interrogado por el juez de este órgano, Alberto Jorge Barreiro, sobre su posible responsabilidad en el caso de los expedientes de regulación de empleo. El jueves prestará declaración el ex consejero de Presidencia y también parlamentario en la Cámara Baja Gaspar Zarrías.

El socialista comparecía en calidad de «imputado» en relación con los «actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas físicas», según el auto de citación.

En su exposición razonada, aceptada por el Supremo, la juez de Sevilla que investiga la matriz de esta causa, Mercedes Alaya acusa indiciariamente a Chaves y a los otros cuatro aforados nacionales en esta causa de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y sobre estas acusaciones pivota la instrucción en el alto tribunal.

Durante la semana pasada, el juez Barreiro ha escuchado las declaraciones de tres implicados en el caso ERE. El ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán y los ex consejeros, José Antonio Viera y Antonio Ávila. Los tres han coincidido en condenar los hechos pero han desligado su actuación de cualquier responsabilidad penal en los hechos.

A Chaves se le cita en relación con actos realizados como presidente de la Junta Andaluza y previsiblemente se le preguntará en relación con el informe de peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que cuestiona el sistema elegido para la otorgarlas ayudas socio-laborales cuestionadas a través del instrumento presupuestario denominado «transferencias de financiación».