Mediante un convenio, los acreedores pasarían a ser accionistas de Contsa y gestionar sus activos para recuperar «al menos el 50% de la inversión en cinco años y evitar la liquidación de Contsa», según el texto que el abogado de un sector de los inversores entregó ayer en el registro del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla.
Sevilla Actualidad. La mayor preocupación de los acreedores se centra ahora en la «posible actitud hostil» que podrían mostrar los administradores concursales en su informe al convenio, ya que estos «no parecen confiar» en la decisión de estos proponentes «y sí en la liquidación de la sociedad en el menor plazo posible».
El abogado Javier Loscertales presentó ayer en el registro del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla la propuesta de convenio de acreedores de Contsa con el que pretenden reflotar la compañía que les adeuda más de 115 millones de euros.
Según una nota de la Administración de Unión de Acreedores de Contsa, el convenio, que pretende una quita del 50 por ciento de las deudas para los créditos ordinarios y un aplazamiento en el pago de cinco años, ha sido propuesto por más de 800 acreedores que representan algo más de 56 millones de euros de deuda.
La mayor preocupación de los acreedores se centra ahora en la «posible actitud hostil» que podrían mostrar los administradores concursales en su informe al convenio, ya que estos «no parecen confiar» en la decisión de estos proponentes «y sí en la liquidación de la sociedad en el menor plazo posible».
Esta liquidación supondría en la práctica la pérdida de la totalidad de las inversiones realizadas en Contsa por lo que los acreedores esperan que la Junta «tome una decisión que vele por los intereses de la mayoría» y que esté «claramente enfocada» a la continuidad de la empresa y al cumplimiento del convenio de acreedores.
La propuesta: De acreedores a accionistas
Loscertales se mostró esperanzado «tras un amplio proceso de recogida de firmas» y espera que la juez acepte el convenio, puesto que «es viable y nos permitirá salir adelante y poder gestionar la empresa para devolverle el dinero a los acreedores».
Este convenio voluntario contempla un plan de viabilidad donde una sociedad anónima, Unión de Acreedores de Contsa SA,ya constituida, formada por los propios acreedores, sería la que gestionara los activos para poder «recuperar al menos el 50 por ciento de la inversión en cinco años y evitar la liquidación de Contsa».
Con este instrumento en cinco años «seríamos capaces de poner en valor todos los activos de la sociedad, desarrollar el valor potencial de los activos de la sociedad, proteger el valor de los activos, evitar la pérdida de activos por acciones judiciales por impago de cuotas hipotecarias, generar ingresos de los activos y aportar caja al patrimonio actual de la sociedad, y venta ordenada de los activos inmobiliarios de la sociedad para que alcancen su mayor valor en el mercado.
De esta forma, además de poner en valor los activos, Loscertales destacó que si se termina la construcción de los inmuebles de la sociedad que están pendientes de finalización en Sevilla, Almonte (Huelva) y La Palma del Condado (Huelva), se pasarían de 52 a 101 inmuebles.
Así, «serían los propios acreedores los que convocarían una junta de accionistas para nombrar un consejo de administración formado por los propios acreedores, a través de la sociedad Unión de Acreedores de Contsa SA.
Dicho convenio contemplaría pagar el cien por cien del importe de los créditos privilegiados, el 50 por ciento del pago de los créditos ordinarios y el uno por ciento del importe de los créditos subordinados. En el caso de los acreedores ordinarios, se daría un año de carencia, se pagaría el cinco por ciento del importe total en el segundo año, el 10 por ciento en el tercer año, el 15 por ciento en el cuarto año y el 20 por ciento del importe total al término del quinto año.
Contsa se declaró en suspensión de pagos en febrero de 2008 ante la caída del mercado inmobiliario unida a las fuertes restricciones del crédito existentes. El presidente de Contsa, José Salas, sigue en prisión por supuestos delitos que dejaron a su entidad con un déficit de 86.821.935,62 euros.