La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso ERE, en su último auto, ha rechazado dividir la macrocausa porque considera que existía una «estructura piramidal» de «cargos políticos» que daban ayudas ilegales.
La juez que instruye el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos en la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha responsabilizado en su nuevo auto a los «cargos políticos y técnicos» del Gobierno andaluz de ser los «promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas». En su último auto, la magistrada asegura que los diferentes cargos de la Junta, «en estructura piramidal», serían los promotores de un sistema ilegal «que ha permanecido vigente más de diez años».
Alaya evita así dividir la macrocausa de los ERE y rechaza el recurso interpuesto por el abogado de la expresidenta del consejo de administración de la empresa de Dos Hermanas ‘Aceitunas y Conservas (Acyco)’, Encarnación Poto Monge, a fin de que abriera una pieza separada sobre su caso en concreto, informan agencias.
De este modo, la juez asevera que la causa se configura como «inescindible», pues en «cada expediente de subvenciones sociolaborales o ayudas a empresas podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas».