La jueza Mercedes Alaya, encargada de investigar el caso de los ERE fraudulentos, investiga al sindicato por orden de la Audiencia Nacional.
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este miércoles remitir a Mercedes Alaya la denuncia del colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias contra UGT por financiarse supuestamente con fondos públicos destinados a la formación de los trabajadores.
En un auto notificado este mismo miércoles, Pedraz accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, la cual consideró que los hechos se centran en UGT de Andalucía, por lo que no son competencia de la Audiencia Nacional.
La denuncia contra UGT Andalucía por parte de Manos limpias se centra en las conductasque podrían constituir los delitos de falsedad documental, delito mercantil, estafa, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública. Además, afirma en su denuncia que UGT se queda con un 15 % de las subvenciones para cursos de formación y el Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES), creado por el sindicato, con otro 4 %.