El portavoz del Ejecutivo asegura que los ajustes serán «especialmente perjudiciales» para el modelo social construido en Andalucía.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha expresado el rechazo de la Junta a la adopción de «nuevos recortes» por parte del Ejecutivo que puedan cercenar derechos para los ciudadanos y privatizar los servicios públicos, y ha reclamado que se consulten con las autonomías todas aquellas decisiones que afecten a su ámbito competencial. Durante su intervención tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Vázquez se ha referido al anuncio de nuevas medidas de ajuste a lo largo del mes de julio, tras el «rescate» del sector financiero español aprobado por los países del Eurogrupo, que abre una «semana crucial» para el futuro de España.
El portavoz andaluz ha lamentado que el rescate tendrá consecuencias que se materializarán en «nuevos sacrificios» y «más sufrimiento» para los ciudadanos y ha subrayado que «el recorte del gasto público se traduce en menos PIB y más déficit».
En este sentido, ha reiterado la oposición de la Junta a unos ajustes que traerán «menos derechos para la ciudadanía o la privatización de servicios públicos esenciales». «No podemos apoyar una política que se ha demostrado fracasada y que sólo produce la depresión de la economía y arruina a las familias», ha aseverado el representante del Ejecutivo, que ha lamentado que, según la información avanzada acerca de estas medidas, se continuará «con el desmantelamiento del Estado del Bienestar y con la reducción de derechos». «Se volverá a hacer recaer todo el esfuerzo en las clases medias y trabajadoras», ha apostillado.
Junto a ello, ha abogado por que las comunidades autónomas sean consultados en la adopción de aquellas actuaciones que les afecten, con el fin de que no «se presenten como decisiones firmes e inamovibles». Así, ha declarado que «si se va a aumentar el copago a los beneficiarios de la dependencia o se decide incrementar el IVA -medidas en cuya gestión las comunidades participan al 50%- lo más lógico y lo más leal habría sido consultar, dialogar y consensuar entre todas las partes afectadas».
De la información que ha trascendido sobre el «calendario de recortes», Miguel Ángel Vázquez ha avanzado que algunos podrían ser «especialmente perjudiciales» para Andalucía, cuyo modelo social es «mucho más avanzado» gracias al «esfuerzo presupuestario realizado durante muchos años». Es el caso, ha indicado, de la revisión de la Ley de Dependencia, que al igual que los recortes en materia educativa o sanitaria tiene una «especial incidencia» en la región, que es la que «más ha desarrollado este pilar del Estado del Bienestar».
En esta misma línea, ha criticado las actuaciones por formar parte de un «camino de ajustes» que conducirán a una «grave y dura crisis social» y llevarán a un retroceso de «varias décadas» en bienestar y conquistas sociales. Así lo demuestran, a su juicio, los informes de entidades independientes, como el recientemente emitido por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que ha alertado de una «evidente regresión social».
«Con sólo una política de reducción del gasto, es decir, de recortes, no se consigue remontar esta profunda crisis», ha destacado Vázquez, que ha manifestado que, por el contrario, «España se empobrece mes a mes, cada vez se registra menos dinamismo empresarial y cada vez fluye menos crédito».
El portavoz andaluz ha recalcado también que el esfuerzo solicitado a las autonomías para cumplir el objetivo de déficit (1,5%) ha sido «mucho más exigente» que el planteado a la Administración General del Estado, con un 3,5%. Por ello, ha valorado que la prórroga de un año para cumplir este déficit, que se abre tras el recate financiero del Eurogrupo, otorgará una «oportunidad» para lograr un «reparto más equitativo y justo» para las distintas administraciones. «Se pide a las autonomías un esfuerzo titánico para atenerse al 1,5% del PIB cuando es la Administración General del Estado la que, en los primeros cinco meses de 2012, ha consumido el total que tenía establecido para el conjunto del año», ha apuntado.
«Ni un paso atrás» en el 28-F
Por otro lado, respecto al pacto fiscal que propone el Gobierno catalán, el portavoz del Ejecutivo andaluz ha destacado que la Junta «no permitirá ni un paso atrás» en los logros alcanzados el 28 de febrero de 1980, cuando la comunidad alcanzó su autonomía plena y logró «quebrar un modelo asimétrico» que permitía que hubiera autonomías «de primera y de segunda categoría». En esta línea, ha querido lanzar un mensaje a la «derecha centralista y periférica» y a una corriente de «pensamiento conservador» que, partiendo de la actual coyuntura, «quiere aprovechar la situación para asestar un duro golpe al Estado de las Autonomías y retrotraer la situación al inicio de la democracia».
«Defender el Estado de las Autonomías como está concebido ahora es defender la igualdad y el Estado del Bienestar», ha señalado Vázquez, que ha precisado que Andalucía «no va a tolerar» retrocesos en este sentido. «No queremos privilegios pero tampoco vamos a aceptar injusticias», ha explicado el portavoz, al tiempo que ha recordado que el actual modelo constitucional «se basa en la solidaridad interterritorial y en la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan».
No obstante, ha recordado que el Gobierno andaluz está en contra del actual modelo de financiación autonómica, que «no se aplica de forma equitativa» y «penaliza a Andalucía». «Sin adecuada financiación no hay autonomía política ni financiera, ni se garantizan los derechos ni los servicios de los ciudadanos», ha añadido.
Como ejemplos de la solvencia de la comunidad, Vázquez se ha referido al beneficio que supone el tren de alta velocidad entre Sevilla y Madrid, cuyos beneficios permiten cubrir el déficit de otras líneas, o al superávit de la balanza de Andalucía por cuenta corriente, que implica que la comunidad produzca más de lo que recibe.