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La nueva normativa aprobada esta semana en el Parlamento Europeo establece que la Comisión deberá iniciar una investigación sobre la necesidad de medidas de protección si las importaciones de productos sensibles, como carne de ave, vacuno, huevos, cítricos y azúcar, aumentan un 5% sobre la media de tres años (frente al 10% anual propuesto inicialmente por la Comisión) y, al mismo tiempo, los precios de importación se sitúan un 5% por debajo del precio en la UE.
Los Estados miembros, personas físicas o jurídicas que representen al sector, o una asociación que actúe en nombre de la industria podrán solicitar una investigación en caso de amenaza de perjuicio grave para el sector afectado. Además, la Comisión deberá presentar un informe cada seis meses como mínimo al Parlamento con la evaluación del impacto de las importaciones de productos sensibles.
Antecedentes
Las cláusulas de salvaguarda bilateral se incorporarán al Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y al acuerdo comercial interino. El Parlamento solicitó la opinión del Tribunal de Justicia de la UE sobre la compatibilidad de ambos acuerdos con los tratados de la UE, por lo que todavía no puede ratificar los acuerdos. Sin embargo, la Comisión Europea podría optar por aplicarlos de forma provisional cuando al menos uno de los países de Mercosur complete su ratificación.
Tractoradas de protesta en Sevilla
Todo esto sucede de forma simultánea a las protestas que han tenido lugar este martes en distintos puntos de Europa y Sevilla. Se trata de la tractorada convocada por ASAJA Sevilla, COAG Sevilla, UPA y cooperativas agroalimentarias andaluzas, en el marco de las movilizaciones del sector agrario que se están produciendo en distintos puntos de España y de Europa.
Las reivindicaciones del sector se mantienen intactas. Los convocantes denuncian los acuerdos comerciales que consideran desiguales, especialmente el acuerdo con Mercosur, la carga burocrática que califican de «asfixiante», la falta de mano de obra, los recortes en la Política Agraria Común y el impacto del aumento de los costes de producción sobre la rentabilidad de las explotaciones.
Desde las organizaciones agrarias insisten en que la protesta no ha perdido fuerza y subrayan que la situación del campo requiere medidas urgentes para garantizar su viabilidad económica y social