Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla
Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres varones a tres años y seis meses de prisión por delitos de depósito de armas de guerra y falsedad en documento oficial tras hallarse en una finca de Marzagalejo, en el término municipal de Aznalcázar, más de 700 cartuchos de munición, fusiles de asalto, armas prohibidas y vehículos con matrículas falsificadas. Según ha informado Europa Press, el juicio se ha celebrado esta semana en la Sección Primera del tribunal.

Los acusados reconocieron los hechos y alcanzaron un acuerdo con el Ministerio Fiscal y la acusación particular, con la conformidad de la defensa ejercida por la letrada María Dolores Torres Caballero. La Fiscalía solicitaba inicialmente diez años de prisión —ocho por depósito de armas de guerra y dos por falsedad documental—, pero la pena fue rebajada al apreciarse la atenuante de drogadicción, al considerar que los procesados tenían sus «facultades mermadas» en el momento de los hechos.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, consultado por Europa Press, la intervención se remonta al 4 de mayo de 2024, cuando el Grupo de Investigación del Crimen Organizado de la UDyCo Costa del Sol practicó una entrada y registro autorizada judicialmente en la parcela, en el marco de una investigación por presunto tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

En el interior de la finca se localizaron más de 700 cartuchos destinados a munición, armas de guerra —entre ellas varios fusiles de asalto y pistolas—, armas prohibidas como escopetas con silenciadores «sin licencia o permiso alguno para su posesión, tenencia y/o uso», así como varios vehículos cuyas matrículas no se correspondían con el número de bastidor.

Los hechos fueron calificados por la Fiscalía como constitutivos de un delito de depósito de armas y munición de guerra, un delito de armas reglamentadas y un delito continuado de falsedad en documento oficial. La sentencia, fruto del acuerdo de conformidad, pone fin al procedimiento con una rebaja sustancial de las penas inicialmente interesadas.