El Gobierno de Alcalá estudia modificar el PGOU para regular la incineración de residuos
El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha aprobado con los votos de PSOE, Alcalá Puede, IU-AA y PA la modificación puntual del PGOU que impide a la cementera actual incinerar residuos como combustible.
La planta de Portland Valderribas ubicada en Alcalá de Guadaíra no podrá incinerar residuos no peligrosos como combustible para la producción de cemento. La incineración de residuos no peligrosos en las actividades industriales en Alcalá empezará a estar regulada desde este jueves. En un Pleno extraordinario que comenzó a las 10:00 horas, se ha aprobado la regulación de esta actividad que contempla desarrollar la planta cementera de Portland Valderribas.
PSOE, Alcalá Puede, Izquierda Unida-Alternativa Alcalareña y Partido Andalucista han votado a favor de esta modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que, en la práctica, se traduce en la imposibilidad de la cementera de incinerar residuos, por su proximidad a los núcleos poblaciones. Sólo PP y Ciudadanos han votado en contra.
El PSOE ha solicitado «prudencia» ante un tema «complejo» y ha defendido la aprobación del cambio de normativa. Alcalá Puede, IU-AA y PA son las tres formaciones que se integran en la Plataforma contra la incineradora de Los Alcores y se basan en cuestiones medioambientales y de salud pública para rechazar la actividad incineradora de la cementera.
El PP ha señalado que este acuerdo supondrá «repercusiones económicas y legales» para el Ayuntamiento al tiempo que ha criticado la vigencia de un PGOU «desfasado», que los populares llevan tiempo queriendo modificar. Ciudadanos ha vuelto a reclamar su apuesta por conservar el empleo en la planta y la necesidad de una «mesa de control» que fiscalice a través de informes las emisiones de la planta.
Modificado del PGOU
La moción aprobada supone la modificación puntual del PGOU relativa al artículo 310 y otros de las Normas Urbanísticas – que regulan las condiciones para la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo- de tal modo que sólo se autorización dichas instalaciones “cuando se sitúen a más de 2 kilómetros de suelos residenciales”.
De este modo, tras este aprobado inicial, el modificado de la nueva norma quedaría así: “La implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo, exigirá los procedimientos de prevención ambiental previstos por la legislación estatal o autonómica, y se situarán a más de 2 kilómetros de los límites de las zonas de suelo urbano o urbanizable, de uso global residencial reflejados en la serie de planos de ordenación estructural OE.02 y OE.04”.
El Pleno también ha autorizado suspender por plazo máximo de un año el otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas referidas a la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo. Se trata de una especie de moratoria que entra en vigor mientras se produce la aprobación definitiva de la modificación del PGOU.
A partir de ahora, el expediente de modificación del PGOU se expondrá un mes a información pública. Luego tendrá que superar una fase de aprobación provisional donde se podrán presentar alegaciones antes de su aprobación definitiva.
Cabe recordar que la intención de la factoría es utilizar residuos sólidos no peligrosos –procedentes de papel, madera o plásticos- para la producción de cemento. Según los cálculos realizados por la Plataforma Contra la incineradora de Los Alcores, con este proceso se pretende quemar o “valorizar” como combustible un máximo 292.000 t/año de residuos, es decir, unas 800 toneladas diarias.
Rechazo de PP y Ciudadanos
Según fuentes consultadas por esta redacción, la propuesta elevada a Pleno pasa por regular la incineración con un doble objetivo. Por un lado, garantizar la salud pública al tiempo que preservar la actividad industrial. Tanto el PSOE como los tres partidos que se integran en la Plataforma contra la incineradora (Alcalá Puede, Izquierda Unida- Alternativa Alcalareña y Partido Andalucista) se han posicionado a favor de la modificación del PGOU y del ‘no’ a la incineración.
Sin embargo, tanto el Partido Popular como Ciudadanos se han desmarcado de esta postura. El PP, a través de un comunicado, ha manifestado su oposición modificación puntual del PGOU por estar diseñada “exclusivamente en contra de la cementera y sus más de 200 empleados”. Además, aseguran desde el PP, es una modificación que” puede no estar sujeta a derecho” y creará “sin duda alguna”, una “incertidumbre a la inversión en la localidad”.
El PP insiste en que la actividad de la cementera “cumple con la normativa vigente” al contar con la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Junta de Andalucía y critica el apoyo del PSOE a la modificación del PGOU. Para los populares, la razón del PSOE no se debe a “cuestiones medioambientales” sino a una ‘vendetta’ personal del alcalde, Antonio Gutiérrez Limones contra FCC –accionista de Portlad- que disolvió la sociedad GESI-9 de la que el alcalde era el Presidente del Consejo, “algo que el regidor socialista nunca les ha perdonado”.
Por su parte, Ciudadanos también se ha mostrado a favor del proyecto de la cementera y han anunciado que votarán en contra de una propuesta que “pretende aprobar un acuerdo hecho a medida”. Desde la formación naranja entienden necesario requerir a la cementera que contrate los servicios de una empresa ajena para que emita un Informe cada dos meses en el que “precise los controles de emisión de la fábrica” alcalareña, que serán revisados por una mesa de control compuesta por todos los agentes afectados.
La Plataforma contra la Incineradora aduce razones medioambientales para el no
En contra de la incineradora se sitúa un frente social agrupado bajo el nombre de Plataforma contra la incineradora de Los Alcores, donde se integran colectivos de toda índole. En el terreno político, dentro de esta plataforma se sitúan Alcalá Puede, Izquierda Unida- Alternativa Alcalareña y Partido Andalucista.
Estos colectivos comparten los argumentos de los grupos ecologistas de impedir la incineración de residuos. Para ello se basan en un estudio científico estatal publicado el pasado mes de junio en la revista Chemosphere y elaborado por el Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer del Instituto de Salud Pública Carlos III.
En él se complementa y amplía un estudio de 2013 que analiza al impacto de las incineradoras e instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos. En este estudio se comprueba que existe un riesgo mayor de muerte por cáncer en los municipios ubicados en un radio de 5 kilómetros de estas empresas y especifican que dichas instalaciones amplían su afectación a 50 kilómetros a la redonda.
Portland defiende su actuación
Portland Valderribas asegura que el nuevo proceso que pretende implantar en su planta alcalareña consiste en sustituir el la fundición de la piedra con la que se fabrica el cemento un 30% de coque de petróleo por otros combustibles alternativos, como residuos que proporcionan las empresas de reciclaje de plásticos o papeles.
Esta sustitución por materiales no peligrosos –resaltan desde la empresa- supone una vía para abaratar costes y reducir los gases de efecto invernadero. Los responsables de la planta aducen que este sistema es muy importante para mejorar la competitividad de la fábrica y han señalado que podrían desaparecer empleos de no llevarse a cabo.