Antonio Gutiérrez Limones ha presentado esta tarde su dimisión como…
La dimisión de Gutiérrez Limones llega después de que en la última semana se haya conocido que la Fiscalía de Dos Hermanas ha derivado al mismo órgano del Tribunal Supremo la investigación por la que se intenta esclarecer si el alcalde de Alcalá de Guadaíra usó dinero público para costear gastos privados.
La Fiscalía de Dos Hermanas investiga desde el pasado año presuntas irregularidades cometidas por Gutiérrez Limones y otros miembros del Gobierno local en el seno de la empresa pública de comunicación ACM. Investigación que se ha derivado a la Fiscalía del Tribunal Supremo, por ser el órgano competente, dado que Gutiérrez Limones ejerce como Senador del PSOE por Sevilla.
En una diligencia, la Fiscal Jefe de Sevilla, María Ángeles Calvo, señala que, con fecha 23 de abril de 2014 se envió al Ministerio Público del Supremo la causa abierta desde el pasado año en torno a la gestión de ACM y por la cual se investigan posibles delitos de cohecho, malversación de fondos, falsedad documental y tráfico de influencias.
Las investigaciones tienen su origen en una declaración del contable de ACM, Javier Luque, quien, en una grabación a cuya transcripción ha tenido acceso Sevilla Actualidad, explica cómo los gestores de la empresa, habrían usado la misma para costear gastos privados del alcalde o de miembros del gobierno socialista de Alcalá de Guadaíra. En dicha grabación, el contable cita todo tipo de irregularidades realizadas por los gestores y señala, entre otros, el supuesto pago con dinero público de un viaje del alcalde y su familia a Eurodisney o la compra de una mesa de ping pong que regaló a sus hijos.
Junto a Gutiérrez Limones, Luque también menciona a José Luis Díaz, antiguo gerente de ACM y ex director de comunicación del Ayuntamiento de Alcalá, como la persona que ordenaba, bajo mandato del alcalde según dicha grabación, operaciones en las que el contable tenía que adelantar importantes sumas de dinero. Asimismo, señala que recibió instrucciones para falsear facturas y evitar así el conocimiento de estas irregularidades. Luque también reconoce que se maquillaron las cuentas de Alcalá Comunicación Municipal e implica en toda esta operación a la actual portavoz del Gobierno, Miriam Burgos.
La Fiscalía investiga estos hechos desde que en julio de 2013, los concejales del Partido Popular y el Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Alcalá denunciaran la liquidación «exprés» de ACM, sin haber podido acceder a las cuentas. De hecho ambas formaciones tienen abierto un caso que aborda el juzgado número 2 de lo Mercantil de Sevilla.
Cabe recordar que los concejales de la oposición han denunciado reiteradamente las irregularidades en la gestión de la empresa pública de comunicación que ha servido como ‘cajón de sastre’ para realizar operaciones poco vinculadas a las labores comunicativas. Hasta tal punto que la ex portavoz municipal del PSOE y ahora edil no adscrita, Laura Ballesteros, reconoció que la opaca fiscalización de ACM era uno de los motivos que más habían pesado para abandonar las filas socialistas.
Una empresa llena de sospechas
Alcalá Comunicación Municipal (ACM) fue creada en 2006 por el gobierno de Antonio Gutiérrez Limones bajo la encomienda de gestionar la comunicación y la imagen pública del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Finalmente y durante más de diez años, la empresa ha empleado cuantiosos fondos públicos y ha sido usada por sus gestores como sociedad instrumental para cosas tan diversas como la compra de material deportivo o la organización de concursos de belleza. Asimismo ACM habría costeado facturas de dudosa justificación como pagos a constructoras y cuantiosas sumas a restaurantes, según diversas denuncias de la oposición.
Asimismo, entre estas denuncias, está la de haber financiado con dinero público procedente del Ayuntamiento la edición, publicación y reparto del periódico El Guardián, empleado para difundir las noticias del PSOE, excluyendo a toda la oposición o entidades críticas con el gobierno local.
“Campaña de acoso y derribo”
Tras conocerse los últimos avances en la investigación, el Gobierno socialista del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha negado «cualquier irregularidad» relacionada con el primer edil asegurando que «existe un calendario programado de ataques contra la imagen del alcalde por parte de la oposición. Este tipo de informaciones están dirigidas dentro de una estrategia de acoso no sólo político, sino personal, capitaneada por el PP de Alcalá, por la derecha más rancia apoyada en una IU servil. Es un intento de arruinar la trayectoria política y la vida personal del alcalde». En parecidos términos se ha expresado el PSOE de Alcalá de Guadaíra, que ha negado que se hayan utilizado recursos municipales para trabajos “partidarios”.
En las últimas horas, el Consistorio también ha comunicado que estudia emprender “acciones judiciales contra quienes afirman la existencia de irregularidades sin pruebas fehacientes, con rumores o testigos que no han acudido a tribunales y se amparan en manipulados relatos mediáticos”.
Mientras tanto, los tres partidos de la oposición con representación en el Ayuntamiento de Alcalá se personarán -PP e IU como acusación particular y PA como acusación popular- si se abre la instrucción del caso en el Tribunal Supremo, personación que también estudia el sindicato CCOO a nivel provincial.