Las firmas se entregaron en el Registro General del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. En un acto en el que participaron, además de los sindicatos con presencia en el Ayuntamiento, vecinos y usuarios de la piscina municipal cubierta, así como los monitores y empleados de la misma. Por su parte, el Equipo de Gobierno socialista, ha respondido a las protestas con un mensaje de calma. Asegurando que la externalización de los servicios de la piscina, no supondrán una privatización. Puesto que la piscina seguirá siendo “un servicio municipal a cargo del Ayuntamiento”.
Sevilla Actualidad. Vecinos de Alcalá de Guadaíra, comandados por los sindicatos con presencia en el Ayuntamiento, entregaron en la mañana de ayer, las primeras 2.000 firmas contra la “privatización” de la piscina municipal de Los Alcores. El acto tuvo lugar a las puertas del Consistorio alcalareño, donde los representantes sindicales, ataviados algunos con gorros de natación, entregaron “el primer bloque” de firmas en el Registro General del Ayuntamiento alcalareño.
Los sindicatos que iniciaron, a principios de mes, una campaña en contra del Equipo de Gobierno socialista, que preside el alcalde Antonio Gutiérrez Limones, como consecuencia del incumplimiento de “los acuerdos en materia de creación de empleo, las contrataciones temporales en fraude de ley, la falta de interés y dejadez por la organización interna del Ayuntamiento y la creciente privatización de servicios públicos municipales”, son los siguientes: U.G.T., CC.OO., C.S.I.F., y S.P.P.M.E. –policías-.
También estuvieron presente en el acto de protesta, varios monitores y alumnos de cursos impartidos en la piscina pública. El Presidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento, Sebastián Romano, comentó al respecto que ésta era sólo una primera entrega de firmas. En la que se ha demostrado “la determinación de todos (sindicatos, trabajadores y usuarios) en impedir este nuevo ataque frontal al empleo estable, a la calidad del servicio y el rechazo de todos a la puesta al servicio del beneficio económico privado”.
Hay que recordar que el principal argumento en contra de la privatización era y sigue siendo, el hecho de que la nueva empresa adjudicataria no esté obligada a subrogar –sustituir- al personal. A esto se une las recomendaciones hechas por el Ayuntamiento en el Estudio de Viabilidad realizado para la Redacción del Pliego Técnico correspondiente a la privatización, en las que aconsejaba un “recorte personal”, por considerar “sobredimensionado el número de profesionales existentes”.
Esto supondrá dejar, como afirman los sindicatos “de patitas en la calle” a los monitores de la piscina cubierta, así como a los 8 trabajadores de la misma. A estas protestas se unió también el Partido Andalucista, que criticó además el hecho de no haber sido informado “en absoluto” de la decisión tomada por Limones y su Equipo de Gobierno.
El gobierno habla de «ampliación de servicios»
La Alcaldía, tras varios actos de protesta y la entrega de las 2.000 firmas, se ha pronunciado en un discurso de justificación de su acción. En primer lugar, El Ayuntamiento alcalareño, por medio de la portavoz del Equipo de Gobierno Municipal, María José Borge, afirmó que la externalización del servicio de la piscina, “no supone una privatización”. Puesto que la piscina seguirá siendo “un servicio municipal a cargo del Ayuntamiento”.
Por otra parte, la portavoz socialista mantiene que con este cambio en la gestión se podrán ampliar los servicios ofrecidos de forma especializada, “lo que notará el ciudadano desde el primer momento”, y además sin subida alguna de tasas puesto que “el cambio incluso mejorará los precios para los usuarios”.
Como ventajas principales de la externalización de los servicios, el Ayuntamiento destaca aspectos como: un sistema de localización permanente y más rápido de reparación de las averías; un servicio médico con sala de ejercicios cardiovasculares; mejoras en los accesos, iluminación, aseos, duchas y vestuarios.
Respecto a las protestas sindicales y vecinales, Borge explicó que, los acuerdos que se han firmado en materia de personal con los sindicatos “se vienen desarrollando dentro de los términos y plazos previstos teniendo en cuenta la situación económica actual, realizando una gestión responsable de los recursos y considerando las necesidades de una ciudad tan amplia como Alcalá”.
Con estas declaraciones, los gobernantes socialistas quieren difundir un mensaje contrario al que llevan reivindicando los sindicatos desde principios de mes. Así, la alcaldía defiende que el objetivo es ampliar la calidad y la cantidad de los servicios prestados de forma que “los usuarios aprecien sensiblemente unos servicios de deporte y salud más avanzados incluso con mejores precios “.
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