Un jurado popular enjuiciará a partir del próximo 20 de marzo en la Audiencia Provincial de Sevilla a un guardia civil acusado de facilitar datos de tráfico de distintos vehículos a cambio de dinero, en unos hechos ocurridos en 2023. La Fiscalía reclama para el agente un total de siete años de prisión por presuntos delitos de cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos, mientras que el otro acusado, el ciudadano que habría solicitado la información, se enfrenta a cuatro años de cárcel por cohecho activo.
Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, recogido en la causa, el juicio comenzará el 20 de marzo de 2026 con la constitución del jurado popular y la presentación de cuestiones previas. El día 23, en sesiones de mañana y tarde, comparecerán los testigos, los peritos y los dos procesados.
La Fiscalía sostiene que ambos acusados mantenían «una relación de amistad desde hace años» y que el segundo estuvo casado con la hermana del agente hasta 2005. Esa relación habría propiciado que el ciudadano conociera que el guardia civil, por razón de su cargo, tenía acceso a bases de datos de tráfico, cuyo uso está restringido exclusivamente al desempeño de funciones policiales y está sometido a control y advertencias expresas sobre protección de datos.
El Ministerio Público expone que, en 2023, el acusado de cohecho activo realizaba trabajos remunerados para una agencia de investigación y necesitaba conocer datos como la titularidad, matriculación o situación de la ITV de diversos vehículos. Conociendo que el agente podía acceder a esa información, le habría solicitado los datos «a cambio de una remuneración económica».
Siempre según la Fiscalía, el guardia civil, «siendo consciente de la ilegalidad de la conducta y con ánimo de enriquecimiento ilícito», accedió a facilitar la información. Para tratar de ocultar su intervención, en algunas ocasiones habría pedido a otros compañeros que le proporcionaran los datos, sin que estos conocieran el destino final de la información.
El escrito detalla varias consultas realizadas entre el 27 de junio y el 25 de septiembre de 2023, con remisión de la información presuntamente obtenida a través de WhatsApp. No obstante, el Ministerio Público precisa que «no consta cuánto dinero recibía por cada información que daba».
Por estos hechos, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión y multa de 3600 euros para cada acusado por el delito de cohecho —pasivo en el caso del agente y activo en el del otro procesado—. Además, pide para el guardia civil tres años adicionales de cárcel, inhabilitación absoluta durante seis años y una segunda multa de 3600 euros por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.