La sanción, la suspensión, las protestas, el árbitro y el Comité marcan el relato disciplinario que deja el último Sevilla–Alavés en el Ramón Sánchez Pizjuán. El entrenador sevillista, Almeyda, ha sido castigado con un total de siete partidos de suspensión tras los incidentes ocurridos el pasado sábado, según recoge la resolución oficial basada en distintos artículos del Código Disciplinario.
La primera sanción contempla dos partidos de suspensión por protestas dirigidas al árbitro principal, asistentes o cuarto árbitro. El Comité considera probadas las protestas reiteradas hacia los árbitros, aplicando el artículo 127 del Código Disciplinario, además de las multas accesorias previstas en el artículo 52. La resolución subraya que la actitud del técnico excedió los límites permitidos en el ejercicio de sus funciones.
A esta decisión se suma un partido adicional de suspensión por no dirigirse directamente al vestuario tras ser expulsado. El Comité encuadra este comportamiento en el artículo 121.3, entendiendo que la sanción responde a una vulneración clara de la normativa. La conducta posterior a la expulsión, en presencia de los árbitros, agravó el expediente disciplinario abierto tras las protestas iniciales.
El bloque más severo de la sanción corresponde a tres partidos de suspensión por actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas. El Comité, apoyándose en el artículo 124, entiende que las protestas no fueron hechos aislados, sino comportamientos insistentes que afectaron al desarrollo normal del encuentro y al respeto institucional debido.
Además, se añade un partido de suspensión por conducta contraria al buen orden deportivo, tipificada en el artículo 129. Esta sanción, acompañada también de multa conforme al artículo 52, completa el total de siete encuentros sin poder dirigir al equipo desde el banquillo. El Comité recalca que preservar la autoridad de los árbitros y frenar las protestas desmedidas resulta esencial para el correcto desarrollo de la competición.
La acumulación de cada sanción refleja la gravedad que el Comité otorga a los hechos acontecidos en el Pizjuán. Más allá de la suspensión, el caso reabre el debate sobre los límites de las protestas en el fútbol profesional y la necesidad de proteger la figura de los árbitros ante comportamientos considerados desproporcionados.
Con esta resolución, el técnico del Sevilla afrontará un periodo prolongado de suspensión que condicionará la planificación deportiva inmediata. La sanción, firme en su fundamentación jurídica, envía un mensaje claro del Comité respecto a las protestas y al respeto debido a los árbitros, reforzando la aplicación estricta del reglamento disciplinario.