La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes a Rafael Pineda, ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, por su presunta vinculación con una operación urbanística relacionada con una parcela de Emvisesa en Pino Montano, en los terrenos del Higuerón. La investigación, que dirige el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, se originó tras una denuncia sobre el proceso de enajenación de la parcela mediante subasta pública.
Según fuentes conocedoras de las diligencias, en la operación hay al menos cinco personas detenidas, entre ellas Rafael Pineda y varios empleados de la empresa municipal de vivienda.
Investigación interna en Emvisesa y suspensión de empleo
El pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento de Sevilla abrió una investigación interna y suspendió de empleo a un trabajador de Emvisesa tras tener acceso a un informe de la UCO. En dicho informe se constataba que el empleado formaba parte, presuntamente, del proceso «desierto y continuado» de la parcela y de su posterior venta, además de haber recibido más de 78.000 euros en su condición de personal responsable de la empresa municipal.
El caso se centra en una parcela situada en Pino Montano que permaneció «numerosos años desierta» durante la etapa del exalcalde Juan Espadas (PSOE), iniciada en 2017. Según explicó en su momento el delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa, el precio inicial era elevado y la operación estaba condicionada por la presencia de tres inquilinos en los terrenos, circunstancia que también recogía el informe de la UCO.
Una revalorización bajo sospecha
De acuerdo con las explicaciones municipales ofrecidas en su día, tras detectar el «lastre» que suponía la situación de la parcela, se realizó una nueva tasación que redujo su valor hasta los 1,8 millones de euros debido a la existencia de esos inquilinos. Sin embargo, los compradores de la parcela la habrían vendido cinco meses después por cerca de cuatro millones de euros, una operación que ha despertado las sospechas de los investigadores.
El Ayuntamiento, a través de Emvisesa, se personó en la causa el pasado 20 de octubre, una vez levantado el secreto de las actuaciones.
Cruce de acusaciones políticas
A raíz de este caso, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha señalado que durante los ocho años de gobierno del PSOE en la capital «solo se construyeron 83 viviendas de protección oficial», sugiriendo que «quizás estaban más preocupados de otros temas que de construir viviendas para los jóvenes que lo necesitaban».
Por su parte, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla mantiene que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa, «este se ajusta en todo momento a la legalidad».
La investigación continúa abierta bajo la dirección judicial, mientras la UCO trata de esclarecer el alcance de una operación que ha situado de nuevo el foco sobre la gestión de suelo y vivienda pública en Sevilla.