El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una medida que se enmarca en un paquete de reformas para reforzar la protección de la infancia y garantizar un entorno digital seguro. El anuncio se ha realizado durante su intervención en el World Governments Summit, celebrado en Dubái.
La medida obligará a las plataformas digitales a implantar sistemas eficaces de verificación de edad, una exigencia ya contemplada en el proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales, actualmente en tramitación en el Congreso. Según Sánchez, el objetivo es proteger a los menores «del salvaje Oeste digital» y frenar los riesgos asociados al uso precoz e intensivo de estas plataformas.
Durante su intervención, el presidente ha denunciado que «las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos», subrayando la necesidad de que los poderes públicos actúen frente al poder de las grandes tecnológicas. En este contexto, el Gobierno también plantea una reforma legal para acabar con la impunidad de los directivos de las plataformas, de modo que puedan ser considerados legalmente responsables si no retiran contenidos ilegales o de odio.
Esta iniciativa va más allá de las exigencias actuales de la Unión Europea, que ya impone obligaciones a las grandes plataformas a través del Reglamento de Servicios Digitales. La aplicación de esta normativa ha dado lugar a sanciones como la multa de 120 millones de euros impuesta a la red social X por incumplir sus obligaciones de transparencia.
El Ejecutivo también prevé tipificar como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación deliberada de contenidos ilegales, así como la creación de un sistema de rastreo que permita identificar la propagación de discursos de odio y polarización. Además, Sánchez ha anunciado que España se ha sumado a una coalición de países europeos dispuestos a avanzar de forma coordinada hacia una regulación más estricta de las plataformas digitales, reforzando así el control democrático sobre un espacio que, según ha advertido, «ya es más poderoso que muchos Estados».