El empresario de Arahal D. H. L. ha sido detenido este martes por agentes de la Policía Nacional para su ingreso en prisión, en el marco de la causa judicial que investiga presuntas irregularidades vinculadas a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según ha adelantado El Pespunte, la detención ha sido ordenada por la Audiencia Nacional, en concreto por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios relacionada con operativas con Quirón Prevención SL.
El arresto se ha producido en torno a las 12:00 horas en la Avenida de Lepanto de Arahal, en la gestoría del propio empresario, situada en el bajo de una vivienda, hasta donde se han desplazado agentes de la Brigada de Policía Judicial. Según ha indicado El Pespunte, D. H. L. tenía conocimiento previo de la requisitoria judicial y deberá prestar declaración este miércoles, 21 de enero, a las 9:45 horas ante el alto tribunal con sede en San Fernando de Henares (Madrid). Una patrulla de agentes de paisano accedió al establecimiento y procedió a su detención sin incidentes.
La causa que afecta al entorno de la presidenta madrileña salió a la luz en febrero de 2024, tras conocerse una investigación de la Fiscalía de Madrid por un presunto fraude fiscal relacionado con contratos de mascarillas durante la pandemia. En este contexto, la Fiscalía sostiene que determinadas sociedades no realizaron los trabajos facturados, mientras que González Amador habría obtenido alrededor de dos millones de euros en comisiones, multiplicando por seis sus ingresos en 2020. La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ordenó además a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investigar si el dinero procedente de actividades presuntamente delictivas fue transformado para ocultar su origen ilícito.
La implicación del empresario arahalense se basa en varias facturas de 2021 emitidas por trabajos supuestamente realizados para empresas vinculadas a González Amador y al grupo sanitario Quirón, que Hacienda considera falsas. En declaraciones realizadas en su día a El Pespunte, D. H. defendió la legalidad de esos servicios, valorados en torno a 40.000 euros, asegurando que se trataba de trabajos reales en los que participaron vecinos de Arahal.