FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado al Ministerio de Consumo una reforma de la legislación vigente para prohibir los incrementos abusivos de precios que se producen como consecuencia de tragedias y situaciones excepcionales, como la registrada recientemente en Adamuz, que ha provocado la paralización del tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
La organización de consumidores considera insuficiente la última modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducida tras lo ocurrido durante la dana de 2024. Según recuerda FACUA, desde ese cambio solo resultan ilegales las subidas de precios fijadas de forma automatizada en contrataciones online cuando existe una declaración oficial de emergencia de protección civil.
En este contexto, numerosos usuarios han denunciado importantes incrementos de precios en servicios de transporte tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo, un suceso que ha causado más de 40 víctimas mortales y ha disparado la demanda de alternativas de movilidad. Sin embargo, al no haberse declarado formalmente una emergencia de protección civil, estas subidas no estarían actualmente prohibidas.
FACUA subraya que la normativa limita de forma excesiva la protección del consumidor, ya que la prohibición de precios abusivos solo se aplica en escenarios muy concretos, regulados por la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que no encajan con accidentes graves como el ocurrido en la localidad cordobesa.
Por este motivo, la asociación plantea la necesidad de mejorar y completar el Real Decreto Legislativo 1/2007, que regula la defensa de los consumidores y usuarios. En concreto, solicita que se prohíban los incrementos de precios en cualquier tipo de contrato —tanto online como presencial— cuando se produzcan aumentos de demanda derivados de accidentes, situaciones de urgencia, riesgo o necesidad que coloquen al consumidor en un estado de especial vulnerabilidad.
FACUA apunta directamente al artículo 20 de la norma, cuya redacción actual restringe estas prohibiciones a contrataciones digitales y a situaciones oficialmente declaradas como emergencias. A juicio de la organización, una reforma más ambiciosa permitiría cerrar vacíos legales y evitar prácticas abusivas en momentos especialmente sensibles para la ciudadanía.