Panorámica de la Isla de la Cartuja y una señal de la ZBE.

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja, en Sevilla, mantendrá su implantación por obligación de la normativa europea, pero verá modificado su régimen sancionador en cuanto a las multas. El Ayuntamiento instalará sensores para medir la contaminación ambiental y solo activará las multas cuando se superen los niveles legales de dióxido de nitrógeno (NO₂) establecidos por la Unión Europea.

El cambio forma parte del acuerdo alcanzado entre el gobierno municipal de José Luis Sanz y el grupo Vox, con el que ambas formaciones han iniciado este lunes la reforma de la Ordenanza de Circulación que regula la ZBE. La modificación ha sido clave para que Vox respalde los Presupuestos municipales de 2026.

Según lo pactado, las sanciones solo se aplicarán en los días en los que los medidores registren concentraciones superiores a los 40 microgramos por metro cúbico de NO₂, el límite anual vigente en la actualidad. Para ello, el Consistorio se compromete a instalar estaciones de medición en el recinto de la Cartuja que permitan un control directo y continuo de la calidad del aire.

Desde Vox defienden que esta modificación introduce un criterio «objetivo y proporcional» frente a un modelo que, a su juicio, perjudicaba especialmente a trabajadores, autónomos y pequeños comerciantes. La portavoz municipal, Cristina Peláez, aseguró tras la reunión con el PP que la Zona de Bajas Emisiones «no puede convertirse en una barrera económica ni en un castigo para quienes no pueden cambiar de vehículo».

La regulación europea endurecerá además los límites de contaminación a partir de enero de 2030, cuando el umbral máximo de NO₂ pasará a situarse en 20 microgramos por metro cúbico en todos los estados miembros. Un escenario que obligará a futuras revisiones del sistema de control ambiental en ciudades como Sevilla.

Con esta reforma, el Ayuntamiento apuesta por una Zona de Bajas Emisiones en la Cartuja basada en datos reales de contaminación y no en restricciones permanentes, manteniendo una infraestructura exigida por Europa pero adaptando su impacto sobre la movilidad y la actividad económica.