El Defensor del Pueblo Andaluz ha incoado de oficio un expediente para requerir al Ayuntamiento de Sevilla información detallada sobre la gestión de las denuncias relacionadas con el incumplimiento de la normativa de veladores. En concreto, solicita que el Consistorio aporte «datos fehacientes» sobre el número de denuncias recibidas en los tres últimos años, así como sobre los procedimientos sancionadores incoados y resueltos a raíz de dichas denuncias.
Según el escrito del Defensor, consultado por Europa Press, la institución también pide al Ayuntamiento que aclare «si son ciertas las circunstancias denunciadas por la Sección de la Policía Local del sindicato CSIF-Sevilla» y, en caso afirmativo, qué medidas se han adoptado o se prevé adoptar para «revertir la situación». El objetivo, señala el órgano, es «impulsar la tramitación de las denuncias por exceso de veladores», poner fin a la «reincidencia de algunos establecimientos hosteleros» y combatir la «sensación de dejadez municipal» que, según expone, manifiestan numerosos ciudadanos.
El expediente tiene su origen en la información difundida en redes sociales por CSIF-Sevilla, donde el sindicato trasladaba sus «sospechas sobre la falta de tramitación de denuncias» relacionadas con veladores, una situación que, a su juicio, estaría motivada por la «escasez de personal». El sindicato también advertía de la «reincidencia de muchos establecimientos», pese al trabajo de control que realiza la Policía Local, tanto a través de los agentes de la Línea Verde, como de la Policía turística en el casco histórico y de las distintas unidades de distrito.
El Defensor del Pueblo Andaluz subraya que el «volumen de quejas tramitadas en la última década» sobre esta materia le ha permitido tener «una visión clara y precisa» del problema, que considera «estructural» y no circunscrito a un único mandato municipal. A su juicio, se trata de una situación que afecta a toda la ciudad, aunque resulta «especialmente grave en determinados barrios y localizaciones», con una incidencia significativa en espacios que cuentan con la calificación de zonas acústicamente saturadas, donde deberían aplicarse mayores niveles de protección.
En este contexto, la Oficina del Defensor recuerda las «numerosas resoluciones y peticiones de informe» dirigidas al Ayuntamiento en los últimos años, en las que ya se advertía de una «notable ineficacia en la tramitación de las denuncias» por parte de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. Entre las deficiencias detectadas señala «graves retrasos» en la incoación de expedientes, falta de impulso en su tramitación y demoras a la hora de dictar resoluciones finales.
El Defensor pone también el foco en la «frecuente falta de cumplimiento de las resoluciones dictadas», así como en la «ausencia o lenidad de la respuesta administrativa» ante dichos incumplimientos. En este sentido, critica la «lentitud e inoperancia en la imposición de multas coercitivas», que califica de cuantías exiguas y pocas veces cobradas, así como la «reticencia a aplicar medidas de ejecución subsidiaria».
Esta situación de «inacción» y «falta de efectividad» por parte de la administración municipal, concluye el Defensor, «no solo es objetivamente constatada», sino que es «percibida por la ciudadanía con creciente desazón». Las quejas recibidas reflejan, según el organismo, una «sensación de indefensión» y la percepción de que «no existe una voluntad real en el Ayuntamiento de Sevilla para atajar el problema» de los veladores y atender de forma eficaz las denuncias vecinales.