La Junta de Andalucía empezará a aplicar este mes la subida salarial pactada entre el Gobierno central y los sindicatos, una medida que alcanzará a más de 300.000 trabajadores públicos, incluidos docentes, sanitarios y personal funcionario. Además de la actualización del sueldo, los empleados recibirán una nómina adicional con los atrasos generados desde el 1 de enero. Para asumir el coste, la Administración autonómica ha recurrido a una partida de 300 millones ya prevista en los Presupuestos de 2024 y ha reservado otra cantidad equivalente para 2025.
El acuerdo estatal pone fin a años de contención salarial y establece aumentos progresivos: un 4% en 2026 —más un 0,5% adicional si el IPC supera el 1,5%—, un 9% en 2027 y un 11,4% en 2028. Aun así, las organizaciones sindicales recuerdan que la pérdida de poder adquisitivo acumulada duplica estas cifras.
El consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz, fue el primero en confirmar que los profesionales del Servicio Andaluz de Salud verán reflejado en la nómina de diciembre el incremento del 2,5% aprobado por el Gobierno a través del Real Decreto-ley 14/2025. Aseguró que la Junta ha actuado con “agilidad y solvencia”, activando en tiempo récord los mecanismos administrativos y presupuestarios necesarios. La consejera de Hacienda, Carolina España, ratificó posteriormente que la actualización se abonará este mes, subrayando que Andalucía ha podido responder con rigor “a pesar de la tardanza del Gobierno central”.
En la Administración autonómica trabajan más de 302.000 personas, de las que 107.500 pertenecen al ámbito educativo y más de 101.000 al Sistema Andaluz de Salud.
Valoración sindical
Los sindicatos han acogido positivamente la rápida aplicación de la subida. UGT considera que supone un reconocimiento al trabajo de los empleados públicos, mientras que CCOO destaca que era “imprescindible” para compensar el impacto de la inflación y recuerda que aún quedan medidas por cumplirse, como la reclasificación profesional o la jubilación parcial. CSIF, mayoritario en la función pública, celebra que el pacto empiece a materializarse, aunque advierte de que vigilará su desarrollo para garantizar que se cumple íntegramente.
La única posición crítica procede de SATSE, que reprocha que gran parte del acuerdo siga siendo “una declaración de intenciones” sin calendario definido. En el ámbito sanitario, la noticia ha sido recibida con satisfacción moderada: aunque se valora el pago inmediato y retroactivo, las organizaciones profesionales insisten en que persisten carencias estructurales que requieren reformas de mayor calado, especialmente en carga asistencial, dotación de plantillas y condiciones laborales para retener talento.
Más allá del incremento salarial
El aumento retributivo forma parte del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, que también contempla avances en permisos y conciliación, promoción interna, concursos de méritos y movilidad. El pacto incluye asimismo la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de procesos selectivos, mejoras en la jubilación, la implantación estable del teletrabajo y el desbloqueo de las 35 horas semanales en la Administración General del Estado.
Estas medidas, que deberán desarrollarse en los próximos años, buscan modernizar la función pública y reforzar la capacidad de los servicios al ciudadano.