La Guardia Civil ha iniciado una investigación tras recibir un vídeo en el que se observa cómo, al menos, dos menores se burlan y agreden a un hombre sin hogar hasta llegar a prenderle fuego al cabello. La grabación, difundida en redes sociales, dura cerca de tres minutos y muestra la escena a escasa distancia, sin que los agresores traten de ocultar su rostro, su nombre ni su voz.
Según fuentes del instituto armado, los agentes ya han identificado a uno de los menores que aparece en el vídeo. La víctima también está identificada, aunque por el momento no ha podido ser localizada. La Guardia Civil trabaja aún por confirmar la fecha exacta en que ocurrieron los hechos, algo que verificará directamente con el afectado.
Las diligencias han sido asumidas por el Equipo REDO, especializado en delitos de odio, debido a la naturaleza del contenido y a las circunstancias personales de la víctima.
Las imágenes, especialmente crudas, muestran cómo uno de los menores se hace pasar por un agente de policía mientras el otro sigue sus instrucciones. A lo largo del vídeo, el chico que sostiene el teléfono adopta un tono de falsa autoridad y llega a decir frases como: «Central, hay que quemar ya».
«Es una prueba de fuego»
El otro joven ejecuta sus órdenes sin dudar, prende fuego al cabello del hombre con un mechero y solo llega a preguntar una vez: «¿Está bien, señor?». La respuesta del menor que graba es contundente y cruel: «Es una prueba de fuego, hay que quemar más».
En ningún momento se aprecia una reacción defensiva del hombre, que permanece sentado en un banco mientras los menores continúan con la agresión. En un instante de la grabación, el propio afectado comenta con calma: «Con el poco pelo que tengo, encima me lo queman».
La Guardia Civil continúa recopilando toda la información disponible para esclarecer lo sucedido, identificar al resto de implicados y ofrecer a la víctima asistencia y la posibilidad de presentar denuncia formal.
Los menores de entre 14 y 17 años que cometen un delito de odio pueden ser sancionados con medidas judiciales en lugar de las penas de prisión o multa aplicadas a los adultos. Estas medidas varían según la gravedad de los hechos e incluyen internamiento, libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas o amonestación.