El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en la causa especial 20557/2024 contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados, al amparo del artículo 417.1 del Código Penal. La Sala Segunda ha resuelto, por mayoría de sus miembros, imponerle una multa e inhabilitación para el cargo que ocupa.
Detalles de la condena
El fallo anticipado establece que García Ortiz será condenado a:
- Multa de 12 meses, con una cuota diaria de 20 euros.
- Inhabilitación especial para desempeñar el cargo de Fiscal General del Estado por un período de 2 años.
- Indemnización de 10.000 euros a favor de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por los daños morales causados.
- Absolución del resto de los delitos que le habían sido imputados.
La sentencia aún debe ser redactada en su totalidad, pero surte efecto desde el momento de su notificación en forma legal.
Contexto y repercusiones
Este caso marca un hito: es la primera vez que un Fiscal General del Estado es condenado por el Tribunal Supremo por este tipo de delito. La causa se originó tras la filtración de datos confidenciales relacionados con un expediente en el que aparecería la persona indemnizada.
La resolución se adoptó con el voto favorable de cinco magistrados de la Sala, habiéndose registrado dos votos particulares contradictorios (de las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García). El presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, se hizo cargo de la ponencia del fallo.
Desde el Gobierno se indicó que se respeta la decisión judicial, aunque no se comparte completamente. El proceso de nombramiento de un nuevo Fiscal General ya estaría en marcha. En tanto, los colegios de abogados y asociaciones de fiscales han valorado la sentencia como un refuerzo al principio de igualdad ante la ley, mientras que algunas voces han alertado de su posible impacto en la independencia del Ministerio Fiscal.