Un jurado popular enjuiciará desde este lunes, 3 de noviembre, en la Audiencia Provincial de Sevilla, a una mujer y a un hombre acusados de asesinar a un varón en noviembre de 2021 en la localidad de Dos Hermanas. La Fiscalía solicita para ella 25 años de prisión por un delito de asesinato con la agravante de parentesco y para él 20 años de cárcel por el mismo delito. Además, ambos se enfrentan al pago de una indemnización de 255.130 euros a la familia del fallecido.
El juicio comenzará con la constitución del jurado y la presentación de las alegaciones previas, mientras que las declaraciones de testigos se extenderán del martes al jueves. El 10 de noviembre comparecerán los peritos, y el día 11 lo harán los dos acusados, quienes permanecen en prisión provisional desde el 14 de enero de 2022. Según el escrito del Ministerio Público, la víctima, de 43 años, convivía con su esposa en Dos Hermanas, pese a que esta mantenía desde hacía años una relación sentimental “oculta” con el otro acusado, amigo íntimo del fallecido hasta el punto de haber convivido con el matrimonio durante un tiempo.
La Fiscalía sostiene que ambos acusados planearon el crimen al considerar que la presencia del marido obstaculizaba su relación. El 5 de noviembre de 2021, tras pasar el día juntos, esperaron a que el hombre regresara del trabajo y saliera con su esposa a tomar algo. Aprovechando su avanzado estado de embriaguez, la mujer contactó con su amante para ejecutar el plan. En un descampado cercano, y en un lugar apartado y oscuro, ambos agredieron a la víctima: uno lo sujetó mientras el otro le golpeó con un objeto contundente en la cabeza, provocándole la pérdida de conocimiento y dejándolo sin posibilidad de defensa.
Después de la agresión, ambos abandonaron el lugar en el vehículo del fallecido. Horas más tarde, la acusada encendió su teléfono móvil y le envió un mensaje a su marido fingiendo normalidad. El hombre fue hallado aún con vida a la mañana siguiente, con graves lesiones en la cabeza, y falleció seis días después a causa de un traumatismo craneoencefálico severo. Según el Ministerio Público, los acusados eran plenamente conscientes de la ilicitud de sus actos y no padecían alteraciones mentales que afectaran a su capacidad de comprender o de actuar.
