El último acta judicial del caso Rafa Mir marca un punto de inflexión en la investigación abierta contra el futbolista murciano por un presunto delito de agresión sexual cometido “empleando violencia”. El documento, incorporado recientemente al sumario, refleja que el juzgado de instrucción mantiene su imputación formal y confirma que el jugador deberá declarar el próximo 13 de octubre.
Según consta en el acta, el procedimiento sigue en fase de instrucción y la magistrada instructora considera que existen “indicios suficientes de participación” del acusado en los hechos denunciados, sin que ello suponga aún una condena. En la resolución se recuerda que el caso continúa “bajo el principio de presunción de inocencia” y que se valorarán todas las pruebas antes de dictar un posible auto de apertura de juicio oral.
Contenido del acta: informes y contradicciones
El acta judicial recoge la incorporación de informes forenses y policiales que analizan el testimonio de la denunciante y los elementos físicos obtenidos durante la investigación. Fuentes del procedimiento indican que el documento “da relevancia a los indicios biológicos y lesiones compatibles con una agresión”, aunque sin calificarlos todavía como determinantes.
En otro apartado, el acta describe que la defensa de Rafa Mir sostiene la “plena voluntariedad de la relación” y alega la inexistencia de coacción, agresión o intimidación. Según se consigna, la parte defensora considera que “no existe correlación directa entre los informes médicos y el relato de la denunciante”, insistiendo en que los hechos fueron consentidos.
El acta, asimismo, incorpora las declaraciones de varios testigos indirectos, entre ellos vecinos y personas del entorno, que habrían aportado información sobre los movimientos en la vivienda de Bétera donde se produjeron los hechos. Según el texto, “ninguno de los testigos presenciales presenció la agresión, pero algunos refieren ruidos y movimientos coincidentes en horario con los hechos denunciados”.
Medidas cautelares y garantías judiciales
La jueza instructora mantiene las medidas cautelares impuestas desde la puesta en libertad del jugador: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país, la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado y la orden de alejamiento respecto a la denunciante. El acta deja constancia de que estas medidas se ratifican “para garantizar la integridad de la víctima y la correcta continuación del proceso”.
Asimismo, se recuerda que el mantenimiento de dichas medidas “no implica presunción de culpabilidad, sino prudencia procesal ante la gravedad de los hechos investigados”.
Implicaciones y próxima declaración
El acta judicial fija como fecha clave el 13 de octubre, cuando Rafa Mir deberá declarar nuevamente ante la magistrada. Será su primera comparecencia tras la ampliación de diligencias y la incorporación de los nuevos informes técnicos.
En medios jurídicos se interpreta que esta citación podría determinar si el caso pasa o no a juicio oral. De confirmarse, el delito imputado —agresión sexual empleando violencia— conllevaría penas de prisión superiores a los diez años.
Los ojos puestos en la resolución del delantero
El último acta judicial del caso Rafa Mir no ofrece una resolución definitiva, pero sí refleja un endurecimiento del proceso y una consolidación de los indicios iniciales. Con el foco puesto en la declaración del 13 de octubre, la instrucción se adentra en su fase más delicada, donde los informes periciales, los testimonios y la interpretación del uso de violencia serán determinantes para el futuro penal del delantero murciano.
