Proyecto residencial Cruz del Campo. - Emvisesa
Proyecto residencial Cruz del Campo. - Emvisesa

Adelante Andalucía ha denunciado que los altos precios fijados por la empresa municipal Emvisesa en la promoción de viviendas de protección oficial (VPO) ubicada en los terrenos de la antigua fábrica de Cruzcampo han provocado que 20 pisos permanezcan sin solicitudes. La formación sostiene que algunas de estas viviendas estaban destinadas a colectivos vulnerables, como víctimas de violencia de género, familias numerosas o personas con movilidad reducida, que finalmente no han podido acceder a ellas.

Según la organización andalucista, los precios —que alcanzan más de 200.000 euros en las viviendas de dos dormitorios y hasta 360.000 euros en las de cuatro— resultan equiparables a los del mercado libre, lo que consideran «una nueva burbuja inmobiliaria». Adelante recuerda que ya advirtió hace seis meses de que estas cifras supondrían «una barrera de entrada» para la mayoría de los posibles solicitantes.

El portavoz local, Javier Montes, ha acusado al Ayuntamiento y al alcalde, José Luis Sanz, de «engañar a los sevillanos cuando dicen que están trabajando frente a la crisis de la vivienda». Montes señaló que «Sanz es el alcalde de los pisos turísticos, los pelotazos urbanísticos y las VPO a precios de lujo», criticando que ahora Emvisesa «está buscando debajo de las piedras compradores para esta promoción». En este sentido, cuestionó si el Consistorio esperaba realmente que colectivos vulnerables pudieran afrontar precios de hasta 360.000 euros.

Adelante Andalucía relaciona este caso con la situación del mercado inmobiliario en Sevilla, recordando que la ciudad lidera en número de viviendas turísticas ilegales en España. La formación también alude a la tramitación en el Parlamento andaluz de la nueva Ley de Vivienda del Gobierno de Moreno Bonilla, que a su juicio «será una barra libre para los fondos buitre y la especulación». Como alternativa, Adelante defiende su propia propuesta legislativa, en la que plantea medidas como regular los precios de las VPO, limitar los precios del alquiler o eliminar los pisos turísticos en zonas tensionadas.