Agentes de la Unidad Regional Operativa Medioambiental (UROM), perteneciente a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a Andalucía, junto con la Brigada Local de Información de la Comisaría de Policía Nacional de Dos Hermanas, han desarrollado la ‘Operación Barroco’, que se ha saldado con la detención de un individuo y la imputación de otro por un presunto delito contra el medio ambiente.

La investigación comenzó hace un año, tras detectarse vertidos contaminantes de grandes cantidades de uralita, un material que contiene amianto y que posee un alto potencial cancerígeno, en las inmediaciones de la Hacienda Ibarburu, situada en la carretera N-IV a su paso por Dos Hermanas.

Los agentes constataron que estos residuos se arrojaban sin ninguna medida de seguridad medioambiental, contraviniendo la normativa autonómica y afectando de forma directa a un Bien de Interés Cultural (BIC), catalogado por la Junta de Andalucía desde 2002.

Modus operandi fraudulento

Según fuentes policiales, los implicados ofrecían sus servicios como empresa especializada en la retirada de residuos tóxicos y peligrosos, asegurando disponer de los permisos necesarios. Sin embargo, una vez contratados para la retirada de la uralita, manipulaban el material sin protección, lo transportaban en vehículos alquilados sin condiciones adecuadas y lo depositaban posteriormente en lugares de difícil acceso, sin proceder a su tratamiento ni descontaminación.

Este procedimiento, además de incumplir la normativa, generaba un grave riesgo para la salud pública, al exponer a la población al contacto con un material altamente peligroso.

Delitos asociados y continuidad de la investigación

Fruto de las pesquisas, se identificó en primer lugar al autor material de los vertidos, imputado por delito contra el medio ambiente. Posteriormente, las indagaciones llevaron a la detención de un segundo individuo, a quien además se le atribuyen delitos de estafa y contra los derechos de los trabajadores.

La investigación permanece abierta con el objetivo de determinar la existencia de otros posibles vertidos ilegales en diferentes puntos de Andalucía y Extremadura, así como la posible participación de terceras personas en los hechos.