La Junta de Andalucía ha reforzado su apuesta por la mediación como herramienta para resolver conflictos de forma rápida y eficaz, evitando la vía judicial. Esta estrategia, enmarcada en el Plan Estratégico de Justicia de Andalucía, busca reducir el número de litigios y aliviar la carga de trabajo en los juzgados mediante el uso de medios alternativos de solución de controversias (MASC).
Según datos de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, desde su puesta en marcha los letrados han logrado en Sevilla resolver 97 asuntos civiles sin llegar a juicio, y en el conjunto de Andalucía se han alcanzado 256 acuerdos de mediación. Estos pactos han evitado otros tantos juicios, y la Junta ha compensado a los abogados del turno de oficio con 400 euros por cada acuerdo cerrado, lo que supone un total de 102.400 euros.
Pioneros en mediación dentro de la Justicia Gratuita
La comunidad andaluza fue pionera en incluir la mediación en el sistema de Justicia Gratuita un año antes de que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde enero de 2025, incorporara la obligación de intentar un acuerdo previo antes de interponer una demanda civil o mercantil. Desde el 1 de enero de 2024, los beneficiarios de la Justicia Gratuita ya podían acceder a un abogado de oficio para asesorarse en procesos de mediación.
El acuerdo entre la Consejería y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) establece que, en caso de no alcanzarse un pacto, los letrados recibirán 75 euros si el intento se realiza mediante mediación o conciliación, y 25 euros si se utiliza otro medio alternativo, como la oferta vinculante, el informe de un experto independiente o el derecho colaborativo. Estas retribuciones sitúan a Andalucía como la tercera comunidad autónoma que mejor paga por acudir a los MASC.
Mediación también en el ámbito penal
La Junta ampliará el sistema de Justicia Gratuita a la mediación penal, salvo en casos de violencia de género y delitos sexuales, donde está prohibida por ley. En este ámbito, el abogado que logre un acuerdo o conformidad que evite un juicio penal percibirá la retribución íntegra que recibiría por el procedimiento judicial.
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha destacado que Andalucía «vuelve a ser pionera» y que la mediación «ahorra tiempo y costes y resulta más satisfactoria para las partes». Nieto ha subrayado la intención de «ir más allá de lo que establece la Ley de Eficiencia» para extender la mediación también a asuntos penales y garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder a este mecanismo «independientemente de sus recursos económicos».
Servicios públicos de mediación
En 2024, la Junta puso en marcha el Servicio de Mediación Penal de Andalucía (Sempa), público y gratuito, presente en las ocho provincias. Este servicio ha evitado la celebración de más de 1.700 juicios con un plazo medio de resolución de un mes, frente a los varios meses o incluso años que puede demorarse un proceso judicial.
En octubre de este año se sumará el Servicio público de Mediación Civil y Mercantil (Semca), también gratuito para ambas partes si una cumple los requisitos de Justicia Gratuita, y con sedes en los principales edificios judiciales de las capitales andaluzas. Además, en diciembre de 2024 la Consejería firmó un convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales para promover la mediación en conflictos laborales judicializados.
La Junta también apuesta por otras fórmulas como la conciliación, en la que es el profesional quien propone la solución que ambas partes deben aceptar para cerrar el acuerdo. Para ello, está previsto firmar próximamente un convenio con el Cadeca.