El grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha informado este viernes de que ha solicitado la comparecencia en el pleno de Juan Bueno, primer teniente de alcalde y concejal del PP, para que «aclare públicamente si pudo incurrir en alguna irregularidad al cobrar presuntos sobresueldos», en relación a la controversia suscitada el pasado mes de febrero por los cheques cobrados por Bueno con cargo a las asignaciones de la Diputación al grupo de su partido en dicha institución, cuando él presidía el PP de Sevilla y era edil del Gobierno local del popular Juan Ignacio Zoido como alcalde entre 2011 y 2015.
«El gobierno municipal tiene que actuar con total transparencia. Si hay dudas sobre posibles incompatibilidades o ingresos que no se explicaron en su momento, es lógico que se den explicaciones claras», señala el Grupo socialista, que por su parte afronta la reclamación del Gobierno local del PP de que comparezca en el pleno su edil Natalia Buzón, tras publicar ABC que la misma figuraría en el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre contrataciones en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de forma discrecional, al margen del procedimiento legalmente establecido y en algunos casos, como «contraprestación por actos que habrían favorecido determinados intereses políticos o personales», según la investigación.
La explicación de Bueno sobre los «sobresueldos»
En febrero, Juan Bueno negaba públicamente que fuesen «sobresueldos» los cheques que cobró con cargo a las asignaciones de la Diputación al grupo de su partido en dicha institución provincial. Según defendía Bueno, eran pagos con relación a sus gastos de «funcionamiento» por su responsabilidad orgánica en el PP, porque «visitaba toda la provincia», con lo que ello implicaba en materia de kilometrajes o dietas que él adelantaba; cobrando cheques similares por aquel mismo periodo la que fuera concejala de Hacienda del Gobierno local de Zoido, Asunción Fley.
También trascendieron en aquellos momentos aspectos como casi 35.000 euros gastados en 2011 por el Grupo popular de la Diputación de Sevilla para fletar autobuses para un mitin de Mariano Rajoy, momento en el que presidía el PP sevillano el actual alcalde hispalense, José Luis Sanz, quien negaba de su lado cualquier irregularidad.
Según Sanz, la Ley Orgánica de Financiación de Partidos estipulaba en 2011 «que esas asignaciones» del dinero de las instituciones públicas a los grupos políticos con representación en las mismas «estaban para gastos corrientes de esos grupos políticos». «Lo único que no permitía esa ley era adquirir, por ejemplo, una sede, adquirir patrimonio o retribuciones salariales ni contratar personal», aseguraba.