Un vigilante de seguridad fue agredido violentamente la pasada semana en el Hospital Virgen del Rocío mientras intentaba restablecer el orden en la zona de acceso a la UCI. Alertado por el personal sanitario ante la presencia de una veintena de personas que obstaculizaban el paso, el trabajador solicitó que descendieran a la planta baja para cumplir con el protocolo de visitas. La negativa y posterior agresividad de varios individuos derivó en una agresión que solo pudo ser contenida tras la intervención policial. El vigilante tuvo que recibir asistencia médica y denunció los hechos. Desde el hospital lamentaron lo sucedido y señalaron que se activó el protocolo de asistencia al profesional.
A raíz de este nuevo episodio de violencia, CSIF ha denunciado la «vulnerabilidad legal en la que se encuentran los profesionales de la Seguridad Privada». Responsables sindicales de CSIF en la empresa Ilunion Seguridad han subrayado que el incidente «evidencia la desprotección de los trabajadores y, especialmente, el desamparo jurídico en que se encuentran, así como la falta de una voluntad política determinante para la erradicación de estos casos».
Según datos del Ministerio del Interior citados por el sindicato, en 2023 se registraron más de 1.500 incidentes violentos contra estos profesionales, un aumento del 25 % respecto al año anterior. Las agresiones incluyen desde insultos y amenazas hasta ataques físicos con posibles lesiones graves. CSIF ha remarcado el notable incremento desde 2013 hasta 2025, con una tendencia ascendente: de 439 agresiones en 2013 a más de 1.600 estimadas para 2025, con picos especialmente destacados en los últimos años. Este aumento refleja la creciente exposición al riesgo de estos profesionales y subraya la urgencia de mejorar su protección jurídica y laboral.
El sindicato también denuncia que se produce una agresión cada siete horas y que la respuesta penal es insuficiente, ya que estos profesionales no gozan de la protección reforzada que sí ampara a otros colectivos.
CSIF critica que la ausencia de un amparo jurídico específico coloca a los trabajadores de la seguridad privada en una posición de gran vulnerabilidad ante episodios violentos, lo que no solo dificulta su labor, sino que también los expone a riesgos innecesarios en su día a día.
La situación de indefensión se ve agravada por el retraso en la aprobación del nuevo reglamento de la Ley de Seguridad Privada. Aunque la ley fue promulgada hace más de nueve años, el reglamento que debe desarrollarla y dotar de mayor seguridad jurídica a estos trabajadores sigue sin publicarse. Este vacío normativo obliga al sector a operar bajo un reglamento obsoleto, con importantes lagunas legales y sin capacidad para responder a los nuevos retos de la seguridad moderna.
Tanto CSIF como diferentes asociaciones reclaman una reforma legal que reconozca la labor de los vigilantes de seguridad, establezca un tipo delictivo específico para las agresiones y garantice una protección jurídica adecuada. Además, piden la aprobación inmediata del reglamento pendiente, así como mejoras en equipamiento, formación y condiciones laborales, para que estos profesionales puedan desempeñar su función esencial con las garantías y el respeto que merece su trabajo.