La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha denegado la autorización a la huelga de taxistas que estaba prevista para este miércoles, 7 de mayo, coincidiendo con la celebración de la Feria de Abril. La movilización, convocada por la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, no cumplía con los plazos legales de preaviso establecidos por la normativa vigente, motivo principal por el que ha sido rechazada.
La resolución también atiende a criterios de seguridad y orden público. Al tratarse de una semana de especial afluencia en la capital andaluza, donde el servicio de taxi es fundamental para garantizar la movilidad de vecinos y visitantes, la Subdelegación considera que una huelga en estas fechas podría provocar un colapso en los accesos al recinto ferial y generar importantes trastornos en la ciudad.
En concreto, desde la Subdelegación del Gobierno, dirigida por Francisco Toscano, señalan que, aunque entienden que la elección de la fecha responde a una intención de lograr mayor visibilidad para la protesta, recuerdan que las fechas de la Feria de Sevilla se conocen con bastante antelación. Por ello, consideran que el convocante podría haber comunicado la concentración dentro del plazo legal, lo que habría permitido integrar la protesta en el dispositivo de seguridad previsto y garantizar tanto el derecho a manifestarse como el mantenimiento del orden público.
La organización de taxistas, cuya directiva está siendo investigada por supuestas amenazas a otros taxistas y conductores de VTC, ha impugnado la prohibición ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Este martes, a las once de la mañana, se resolverá la impugnación, y si no se aporta la documentación necesaria, el caso quedará archivado.
La huelga convocada por la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi seguía a la manifestación celebrada el viernes pasado en Sevilla. La protesta del miércoles fue justificada por la organización como una respuesta al desbloqueo de la flota durante la Semana Santa y la Feria, sin consenso previo, así como por la imposibilidad de contratar personal según se necesite o de contar con un calendario de descansos aprobado. Además, expresaban su rechazo a la implementación de turnos rotatorios.
Estas protestas se convocaron varios meses después de que el Ayuntamiento implementara un turno rotatorio en la parada del aeropuerto de Sevilla, que previamente estaba gestionada por taxistas vinculados a esta organización. La Policía Nacional detuvo a 26 taxistas, entre ellos varios miembros de la directiva de Solidaridad, acusados de presuntos delitos de coacciones, amenazas, daños y de pertenencia a una organización criminal dedicada a controlar dicha parada, la cual tiene una tarifa fija que varía entre los 25,7 y los 28,6 euros por trayecto.