- El Gobierno destaca las «investigaciones» de la CHG de los pozos no autorizados de los Martínez de Irujo
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El Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor ha acordado prorrogar seis meses más el plazo de instrucción de la investigación de los nueve pozos supuestamente no autorizados de la finca Aljóbar, en Aznalcázar, causa en la que figura como investigado Luis Martínez de Irujo, como representante legal de la empresa gestora de los terrenos.
En un auto emitido el pasado 8 de abril y recogido por Europa Press, el Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar señala que la propia Fiscalía solicitó prorrogar el plazo de la instrucción, así como que «se acordó librar oficio a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a fin de que se informarse de varios aspectos que resultan fundamentales en la causa, al objeto de concretar el daño, ya potencial ya consumado, que esas extracciones no autorizadas habrían causado al medio ambiente, elemento fundamental del tipo delictivo que se investiga y se atribuye al investigado y a aquellas personas que pudieran considerarse responsables».
«Así las cosas, y en tanto no se reciba ese informe técnico (…), no se va acordar por el momento esas diligencias que se interesan por el Ministerio Fiscal en su escrito, dejando indicado que, en ese informe que se pidió de oficio (a la CHG), ya se instaba a la Confederación para que informara de posibles expedientes sancionadores a los responsables de la finca», señala el Juzgado sobre las últimas peticiones de la Fiscalía, antes de decretar la prórroga de la instrucción durante seis meses más.
Las peticiones de la Fiscalía
Además, el Ministerio Público solicitó la citación como investigados de «los diferentes miembros del consejo de administración» de la empresa gestora, así como la propia entidad como persona jurídica. Ello, tras la reciente comparecencia judicial de Luis Martínez de Irujo, quien habría contestado al juez instructor que en 2016 heredó la finca de su abuela justo cuando estaba finalizando la construcción de la gran balsa de agua con la que cuenta este espacio y que aunque figure como representante legal de la empresa que explota los terrenos, no se encarga de la gestión directa de la finca.
Según las fuentes, Luis Martínez de Irujo habría manifestado que la finca carecía de medidores volumétricos del agua usada y que desconocía que hubiese incidencias con la gestión del agua. Fue a raíz de la denuncia de la CHG de 2023, según habría indicado, cuando comenzó la labor de regulación de los mencionados pozos, al no ser consciente antes de la situación.