- El juez pide que la CHG informe del impacto de los pozos no autorizados de los Martínez de Irujo
- Luis Martínez de Irujo, citado como investigado por los pozos no autorizados de su finca de Aznalcázar
El Gobierno central señala, en una respuesta escrita a una pregunta de los diputados andaluces de Sumar Engracia Rivera y Toni Valero, de IU, las «inspecciones e investigaciones» de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en el caso de los nueve pozos supuestamente no autorizados de la finca Aljóbar, en Aznalcázar; asunto que indaga el Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor, que tiene como investigado a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg como representante legal de la empresa Eurotécnica Agraria, gestora de los terrenos.
En esta respuesta escrita emitida el pasado 17 de marzo, el Gobierno recuerda que fruto de las actuaciones de la CHG, ya en 2023 se acordó «la incoación de un procedimiento sancionador y el acuerdo de medidas cautelares de precintado de las tomas, con objeto de impedir la captación ilegal de las aguas».
«La CHG realizó las inspecciones e investigaciones oportunas en el año 2023, que derivaron en un procedimiento judicial actualmente en trámite. Además, en el seno de las diligencias judiciales en marcha, ha emitido diversos informes y participado en actuaciones sobre el terreno; la última de ellas el pasado 10 de febrero de 2025. Por tanto, la investigación sigue su curso», señala el Gobierno, destacando que «la CHG ejecuta planes de inspección específicos que tienen por objeto, entre otros, detectar usos irregulares» del agua.
La Fiscalía pide seguir investigando
Esta respuesta gubernamental coincide prácticamente con el reciente escrito de la Fiscalía, solicitando al juzgado instructor una prórroga de seis meses en el plazo de instrucción al considerar que están indagados «hechos que serían cuanto menos constitutivos de un presunto delito contra el medio ambiente, vista la extracción sistemática y de carácter industrial de agua en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural».
También pide que la citación como investigados de «los diferentes miembros del consejo de administración» de la empresa Eurotécnica Agraria, así como la propia entidad como persona jurídica; y que «se oficie a la CHG a fin de que a la mayor brevedad, remita copia de cuántos expedientes sancionadores» haya incoado contra la empresa en cuestión.
Ello, tras la reciente comparecencia judicial de Luis Martínez de Irujo, quien habría contestado al juez instructor que en 2016 heredó la finca de su abuela justo cuando estaba finalizando la construcción de la gran balsa de agua con la que cuenta este espacio y que aunque figure como representante legal de la empresa que explota los terrenos, no se encarga de la gestión directa de la finca. Según las fuentes, Luis Martínez de Irujo habría manifestado que la finca carecía de medidores volumétricos del agua usada y que desconocía que hubiese incidencias con la gestión del agua. Fue a raíz de la denuncia de la CHG de 2023, según habría indicado, cuando comenzó la labor de regulación de los mencionados pozos, al no ser consciente antes de la situación.