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- La Diputación presupuesta 331.527 euros para memoria de cara al proyecto de exhumación de la fosa Monumento
La Diputación de Sevilla ha aprobado en su pleno ordinario de marzo el protocolo general a firmar con el Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hispalense, para el proyecto de exhumación de la fosa común de Monumento del Cementerio Municipal de San Fernando, donde según el historiador José Díaz Arriaza descansarían los restos de 7440 personas, 2616 de ellas posibles víctimas de la represión militar posterior al golpe de estado de 1936.
También, el pleno de la Diputación ha aprobado la creación del consejo sectorial bautizado como Observatorio Provincial de la Memoria Democrática, fruto del acuerdo de mandato firmado en 2023 entre el PSOE y los diputados de IU que conforman el grupo de Con Andalucía.
Un acto de «justicia»
El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha destacado que el proyecto presupuestario provincial de 2025 contempla 331.527 euros para políticas de memoria histórica, entre otros aspectos para que la entidad asuma el 25% del coste de este proyecto de la fosa Monumento, que supone un acto de «justicia», no de confrontación, como ha remarcado.
La fosa de Monumento es el siguiente objetivo en materia de memoria histórica tras la excavación de la fosa de Pico Reja, saldada con la recuperación de restos óseos de 1786 personas asesinadas durante el golpe de estado de 1936 y la posterior represión militar bajo el mando del general Gonzalo Queipo de Llano.
La fosa Monumento
La memoria de la intervención inicial de investigación arqueológica y delimitación de la fosa común de Monumento considera «muy probable» que supere las expectativas del historiador José Díaz Arriaza. El documento, titulado ‘Búsqueda, indagación, localización y delimitación de la Fosa Monumento del Cementerio Municipal San Fernando de Sevilla’, refleja el resultado de los trabajos iniciales encargados por el Ayuntamiento hispalense a la empresa TCA Geomática, respecto a dicho espacio del camposanto municipal.
Este informe explica que este enclave «se proyectó en agosto de 1936, cuando la fosa de Pico Reja estaba próxima a llenarse», usándose para el depósito de personas «asesinadas entre septiembre de 1936 y enero de 1940». Se trata, así, de «la segunda de las fosas clandestinas utilizadas por los golpistas para ocultar los restos de las víctimas, además de utilizarse como fosa común para enterramientos de caridad o beneficencia».
Presencia de restos de personas represaliadas
El informe explica que ha sido posible «corroborar tanto las noticias escritas como orales sobre la existencia de una fosa común en el lugar indicado, con restos de personas represaliadas tras el golpe militar de 1936». Y es que como se detalla en este documento, las excavaciones iniciales acometidas en un sector de la fosa han revelado que la misma contiene «un depósito colectivo y no individual» de restos humanos, enterrados sin ataúd.
Los cadáveres localizados entonces, según se precisa en el informe, «no presentan ningún patrón que apunte a un enterramiento canónico o a rituales funerarios habituales presentes en el cementerio de San Fernando». «La forma en que nos encontramos dispuestos los restos, sin duda, hay que ponerla en relación con la falta de cuidado y esmero en colocarlos, así como la falta de intencionalidad de la posición final que adoptan», resume la memoria técnica de esta intervención arqueológica.