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Tras la denuncia presentada por Facua Andalucía, la Dirección General de Consumo, Cementerio y Protección Animal del Ayuntamiento de Sevilla ha multado con 12.000 euros a Yelmo Cines por impedir a los usuarios el acceso con comida y bebida del exterior en el cine ubicado en el Centro Comercial Lagoh de la capital hispalense. Según ha informado Facua, la federación denunció en 2023 a este y otro cuatro cines Yelmo ubicados en Andalucía por incumplir la normativa andaluza de derecho de admisión al prohibir a los asistentes entrar a las salas con alimentos comprados fuera.
En este sentido, el Ayuntamiento de Sevilla aclara que «ha desestimado el recurso de reposición impuesto por Yelmo Cines, y que actualmente está abierto el plazo para que la empresa pueda interponer un recurso contencioso-administrativo». Por su parte, Facua Andalucía ha considerado «ridícula» la cuantía de la multa impuesta por el Ayuntamiento de Sevilla y ha lamentado que «no haya dictaminado una sanción económica más elevada teniendo en cuenta la reincidencia de esta empresa y las miles de personas que se ven afectadas por dicha prohibición». A día de hoy, pese a la sanción, Yelmo Cines «continúa prohibiendo acceder con comida y bebida del exterior a sus cines del Centro Comercial Lagoh».
«Esta práctica es ilegal»
Tras una denuncia anterior de Facua, la Junta de Andalucía resolvía que «esta práctica es ilegal» en diciembre de 2019. Entonces, la Delegación del Gobierno en Cádiz, a través del Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos en la provincia, indicaba que «había intervenido en aquellos cines que han vulnerado la normativa de admisión, y respecto a los cines Yelmo de la provincia de Cádiz no solo ha formulado denuncia, sino que ha procedido a decomisar e intervenir todos los carteles que anunciaban dicha condición específica de admisión».
Las competencias sancionadoras ante el incumplimiento de la normativa de admisión, «con multas que puedan alcanzar hasta los 30.000 euros, están en manos de los ayuntamientos, sin perjuicio de las sanciones que pueda imponer la Dirección General de Consumo de la Junta sobre la vulneración de la normativa en defensa de los consumidores.