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La Guardia Civil ha detenido a una persona en Los Palacios por su supuesta implicación en varios delitos de estafa, falsificación documental y usurpación de estado civil en el ejercicio de sus funciones. El Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de dicha localidad inició una investigación respecto al sospechoso, recabando pruebas de que dicha persona había realizado durante los años 2023, 2024 y 2025 el contrato ilegal de más de 110 teléfonos móviles, multitud de auriculares inalámbricos y otros dispositivos electrónicos, valorado todo ello en más de 27.000 euros aproximadamente.
El detenido en Los Palacios, vendía posteriormente estos dispositivos móviles y electrónicos en plataformas y APPS de venta de segunda mano en plataformas conocidas, ayudándose de otras personas con las que también vendían los teléfonos móviles en Los Palacios y otras localidades cercanas, a un precio de mercado mucho menor, por lo que obtenían unos grandes beneficios económicos.
La fase de investigación comenzó a raíz de una serie de denuncias interpuestas en Los Palacios, por cuatro personas que pusieron en conocimiento que, al personarse en una tienda telefónica de la localidad, para dar de baja o modificar el contrato telefónico que tenían, les informaban que no podían hacerlo ya que tenían permanencia, percatándose además al revisar detalladamente las facturas que sin su consentimiento y sin haber firmado ningún tipo de contrato, habían concertado más líneas telefónicas en ese contrato y habían sacado teléfonos móviles y dispositivos electrónicos sin tener conocimiento alguno.
Más de 100 teléfonos móviles
Además, como los dispositivos se proporcionaban con una operación renove, la mayoría era a precio de 0 euros, con la condición de aumentar la permanencia, por lo que el aumento en el precio de la factura era ínfimo, no percatándose los perjudicados.
Una vez iniciada la investigación, los agentes verificaron que en los contratos aparecían más de 100 teléfonos móviles y demás dispositivos asociados a dichas cuentas, y se comprobó que las firmas realizadas en esos contratos no se correspondían con las firmas reales de los perjudicados, por lo entendieron que se realizaron de forma fraudulenta.