- Citado este martes el alcalde de Mairena del Alcor por el caso del tanatorio privado
- Protestas en Mairena del Alcor contra el proyecto de crematorio en el tanatorio
El Juzgado mixto número uno de Carmona, que indaga posibles delitos en el proyecto promovido para la instalación de un tanatorio privado en el polígono El Gandul de Mairena del Alcor, tiene citado para este jueves como investigado al que fuera apoderado de la empresa Previpaz SL y actual coordinador de Empresas en la Vicesecretaría de Economía de la Ejecutiva regional del PP andaluz, Francisco Rodríguez Roa, según un auto de dicha instancia.
Este investigado está citado para las 10:00 horas de este jueves, después de que hayan comparecido ya en la misma condición el alcalde de Mairena del Alcor, el popular Juan Manuel López; y el presidente del PP de Sevilla, delegado del Gobierno andaluz en la provincia y antecesor de López en la Alcaldía de Mairena del Alcor, Ricardo Sánchez; toda vez que el juzgado achaca a los dos primeros posibles delitos de prevaricación y de tráfico de influencias y a Ricardo Sánchez presunta administración desleal.
Denuncia inicial del PSOE
En su auto, el juzgado rememora que el asunto parte de una denuncia del Grupo socialista del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, por un presunto delito continuado de prevaricación, en concurso con otro de tráfico de influencias. Según el PSOE, «a pesar» del acuerdo plenario, Sánchez «no impulsó» la materialización del acuerdo y «no fue hasta mediados de 2018 cuando volvió a retomar el expediente» encargando un nuevo informe a la Secretaría General, apreciando los socialistas una presunta actuación «prevaricadora por omisión».
En paralelo, en 2017, según la denuncia, el Ayuntamiento enajenó dos parcelas municipales donde hoy se alza el tanatorio privado de la localidad y «como la subasta quedó desierta, inició los trámites para la adjudicación directa, que concluyó en julio de 2018, con la adjudicación a la mercantil Compañía Pineda Álvarez», por 173.693 euros, «un importe cuatro veces menor a su valor, un chollo urbanístico».
A la hora de este procedimiento, según la denuncia del PSOE, «en el pliego de cláusulas administrativas no se incluyó la cláusula anti-especulación que el Ayuntamiento ha venido recogiendo por norma en todas las licitaciones de enajenación de suelo público en dicho sector industrial».
Sin «las perceptivas licencias»
Según el informe de la Policía Judicial, el proyecto ha carecido de «las preceptivas licencias de obra o declaración responsable que habiliten la ejecución» de los reformados de la cafetería y del horno crematorio, extremo declarado expresamente por la Secretaría General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, aspecto este que destaca el juzgado. El juzgado señala además el papel de José Antonio G.G., de la Agencia Publica de Servicios Urbanos de Mairena del Alcor y también investigado, porque «informa favorablemente la concesión de licencia de obra mayor, cuando debería haber procedido a la declaración de caducidad del expediente y no conceder licencia».
A colación, avisa de que Juan Manuel López, como presidente, «según normativa tenía que haber realizado la declaración de caducidad de los expedientes y no se hizo», autorizando por contra la primera licencia de obra mayor y los trámites de cambio de titularidad del proyecto. En ese sentido, el juzgado señala, merced al informe de la Policía Judicial, que los responsables de Gesit y Previpaz, «se han beneficiado de esa prevalencia logrando una inusitada e infrecuente extremada diligencia administrativa, en la emisión de informes técnicos, jurídicos y resoluciones todas favorables en muy cortos espacio de tiempo, así como, por la permisividad continua patente de todo lo ocurrido con los reiterados incumplimientos de los tramites de audiencia (…), omitiendo la labor inspectora de las obras que tiene encomendada la Agencia Urbanística durante más de dos años».