- Protestas en Mairena del Alcor contra el proyecto de crematorio en el tanatorio
- Ricardo Sánchez, investigado por un presunto delito en el caso del tanatorio de Mairena
El Juzgado mixto número uno de Carmona cita al alcalde de Mairena del Alcor este martes a las 10:00 horas para declarar como investigado por posibles delitos en el proyecto promovido para la instalación de un tanatorio privado en el polígono El Gandul de la localidad. La Fiscalía investiga a Juan Manuel López después de que este lunes compareciese el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, a quien el juzgado atribuye presunta administración desleal.
El próximo 13 de marzo está igualmente citado como investigado el otro apoderado de la empresa Previpaz SL y coordinador de Empresas en la Vicesecretaría de Economía de la Ejecutiva regional del PP andaluz, Francisco Rodríguez Roa; investigado por posibles delitos de prevaricación y de tráfico de influencias.
Un «negocio a costa de la salud»
Ricardo Sánchez había defendido que tiene «la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley» y que la denuncia del PSOE de la que deriva la causa se basa en «falsedades». El actual alcalde, de su lado, niega que el asunto entrañe un «pelotazo urbanístico» o tráfico de influencias, mientras el PSOE viene alertando de que ha quedado de relieve que con el proyecto «se iba a hacer negocio a costa de la salud» de la ciudadanía, «porque se iba a poner un crematorio donde además luego ha reconocido a posteriori la Junta de Andalucía que afectaba a 4000 personas».
«Se ha jugado con el dinero del pueblo para repartirlo entre amigos del PP y se ha hecho eso a costa de la salud de estos maireneros», enfatizan los socialistas, que reclaman al PP «que tome sus responsabilidades penales si las hay» y, especialmente, piden el cese de Ricardo Sánchez como delegado del Gobierno andaluz en Sevilla.
Denuncia inicial del PSOE
Según la denuncia inicial del PSOE, en 2015, durante la etapa de Ricardo Sánchez como alcalde de Mairena del Alcor, el Ayuntamiento «promovió un estudio de viabilidad para un proyecto de construcción y explotación en régimen de concesión de obra pública de un tanatorio en el cementerio municipal», aprobando tal extremo el pleno y licitando la contratación de la redacción técnica del proyecto, para después aprobar el anteproyecto «a los efectos de iniciar los trámites del procedimiento de contratación de la concesión de obra pública».
Pero según el PSOE, «a pesar» de dicho acuerdo plenario, Sánchez, entonces como alcalde, «no impulsó» la materialización del acuerdo y «no fue hasta mediados de 2018 cuando volvió a retomar el expediente» encargando un nuevo informe a la Secretaría General, apreciando los socialistas una presunta actuación «prevaricadora por omisión».
En 2017, según la denuncia, el Ayuntamiento enajenó dos parcelas municipales donde hoy se alza el tanatorio privado de la localidad y «como la subasta quedó desierta, inició los trámites para la adjudicación directa, que concluyó en julio de 2018, con la adjudicación a la mercantil Compañía Pineda Álvarez», por 173.693 euros, «un importe cuatro veces menor a su valor, un chollo urbanístico».
Sin una cláusula contra la especulación
Según la denuncia del PSOE, «en el pliego de cláusulas administrativas no se incluyó la cláusula anti-especulación que el Ayuntamiento ha venido recogiendo por norma en todas las licitaciones de enajenación de suelo público en dicho sector industrial». El PSOE señala especialmente a Manuel Ruiz Pineda, exponiendo que en 2018, los populares Ricardo Sánchez como alcalde y Juan Manuel López «aparecen en el acta de la Gerencia de Urbanismo que aprobó la adjudicación del contrato de enajenación o venta de los terrenos a Pineda».
La denuncia agrega que después de que Ricardo Sánchez dejase la Alcaldía de Mairena, la empresa de Pineda transmitió «la titularidad de las parcelas adquiridas a la entidad Previpaz, de la que era apoderado Francisco Jesús Rodríguez Roa», siendo ambos «compañeros de partido» en el PP, para «la construcción y explotación de un tanatorio crematorio, exclusivamente privado, para beneficio económico de éste».
Sin «las preceptivas licencias»
Según el informe de la Policía Judicial, el proyecto ha carecido de «las preceptivas licencias de obra o declaración responsable que habiliten la ejecución» de los reformados de la cafetería y del horno crematorio. En ese sentido, el juzgado señala, merced al informe de la Policía Judicial, que los responsables de Gesit y Previpaz, «se han beneficiado de esa prevalencia logrando una inusitada e infrecuente extremada diligencia administrativa, en la emisión de informes técnicos, jurídicos y resoluciones todas favorables en muy cortos espacio de tiempo, así como, por la permisividad continua patente de todo lo ocurrido con los reiterados incumplimientos de los tramites de audiencia (…), omitiendo la labor inspectora de las obras que tiene encomendada la Agencia Urbanística durante más de dos años».