- La antesala al macro juicio sobre la mina de Aznalcóllar
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Las defensas de los acusados en el caso del macro juicio por el supuesto amaño en la adjudicación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, han pedido la nulidad del mismo por «vulneración de los derechos fundamentales y extralimitación de las competencias» de la Sección Séptima de dicha instancia provincial.
Así lo han planteado en esta primera sesión, en la que se abordan las cuestiones previas al caso de la mina, que se celebra diez años después de la denuncia que presentó Emerita España, que perdió el concurso. Un proceso en el que la Fiscalía ha pedido hasta en dos ocasiones el sobreseimiento del mismo y la absolución para las 16 personas sentadas en el banquillo de los acusados.
Los distintos letrados han esgrimido que «en el momento de la detención de los acusados, lo correcto sería citarles en calidad de investigados y no detenidos, con lo que la detención fue reprochable». Los letrados también han señalado que hubo un «proceso lesivo al derecho a la intimidad de los representados porque no estaban imputados en ese momento, sino que lo estuvieron dos años después». En este sentido, han vuelto a pedir la nulidad del informe pericial y del informe de la UCO con fecha de octubre de 2017.
Además, «se acusa por malversación por gestión desleal, pero no se concretan los delitos incluidos en esa malversación, sin olvidar que el delito por este tipo de malversación fue destipificado».
Sólo la Junta podría ejercer la acusación particular
«Si hay un perjudicado concreto, esa es la Administración Pública, de modo que la Junta de Andalucía es la única que podría intervenir como acusación particular, de forma solitaria o junto al Ministerio Fiscal», ha señalado Encarnación Molino, una de las abogadas que ejerce la defensa en este juicio.
«Emerita dijo que los hermanos López Magdaleno estaban citados como testigos, cuestión denegada previamente por la instructora y no recurrida por las acusaciones, por lo que la decisión del juzgado era firme», han destacado los letrados de la defensa. En este sentido, añaden que «no existe indicios ciertos sobre delitos denunciados, más allá de genéricas referencias de meras irregularidades».
Origen del macro juicio del caso de la mina de Aznalcóllar
En lo que al citado concurso se refiere, los derechos de explotación se adjudicaron a Mexico Minorbis por decisión de la mesa de contratación de la Junta de Andalucía. Una vez resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan, que pujó sin éxito, presentó en los juzgados una denuncia en la que acusaba al Gobierno andaluz de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, y donde alegaba, entre otros aspectos, que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis, adjudicataria final de los derechos de explotación.
El 31 de marzo están citados para declarar los primeros tres acusados. Tres de los inculpados han optado por declarar tras las pruebas testificales y periciales, y acudirán el día 25 de junio. Además, entre los 16 encartados, se encuentran funcionarios y los técnicos que intervinieron en el concurso público que convocó la Junta.
Solicitud de sobreseimiento
La jueza instructora de la denuncia de Emerita-Forbes Manhattan acordó en dos ocasiones el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito, si bien tras los recursos de apelación por parte de las acusaciones particulares, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos; ordenó la reapertura de las diligencias siguiendo de ese modo la tesis de las acusaciones.