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El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha pedido autorizar la reapertura de la mina de la localidad a manos de la entidad Minera Los Frailes. Para este proyecto, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, solicitaba recientemente crear «una comisión de expertos técnicos y científicos» que evalúe los posibles «riesgos» de los vertidos al Guadalquivir. El primer edil manifiesta que la reapertura de la mina es «vital para evitar la emigración de los jóvenes y garantizar un futuro próspero para las próximas generaciones» en Aznalcóllar y su zona.
Tras las declaraciones a final de enero del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, respecto a que la autorización final del proyecto afronta ya «sus últimos pasos administrativos», el alcalde ha avisado de la «urgencia de autorizar sin más dilación la reapertura de la mina». «Tras años de mantener la calma y confiar en los procedimientos administrativos, el proyecto ha superado exhaustivos filtros y evaluaciones, incluyendo aquellos no contemplados inicialmente debido a la complejidad del mismo. Este proyecto también contempla una ambiciosa restauración ambiental, posicionándose como pionero en minería sostenible en el siglo XXI», ha enfatizado.
«Es inadmisible que, habiendo cumplido con todos los requisitos legales y medioambientales, sigamos enfrentando retrasos injustificados», ha dicho el alcalde, reclamando que se «otorguen de inmediato la autorización pendiente, evitando así la necesidad de movilizaciones ciudadanas».
«Riesgos inaceptables para el medio ambiente»
En una resolución emitida el pasado 18 de diciembre, la Oficina del Defensor del Pueblo aborda este asunto señalando las «posiciones contradictorias entre quienes apoyan dicha reapertura por sus presumibles beneficios laborales, sociales y económicos y quienes, principalmente desde posiciones ecologistas y de defensa ciudadana, consideran que tal decisión podría conllevar riesgos inaceptables para el medio ambiente».
Los grupos ecologistas consideran que los vertidos previstos al río, «van a contribuir a incrementar la acumulación de residuos tóxicos que ya están sedimentados en el río Guadalquivir, afectando con ello de manera perjudicial a la pesca y agricultura de la zona». Añaden que esto supone «verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja».
Un «mensaje de tranquilidad»
Los ecologistas consideran que «no se ha aprendido nada» de la catástrofe natural de 1998 tras la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar. Frente a ello, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, lanza un «mensaje de tranquilidad», afirmando que la iniciativa incorpora «la mejor tecnología para la depuración de aguas».
En cualquier caso, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz señala que «debería valorarse la posibilidad de la creación de una comisión de expertos técnicos y científicos, tal y como acertadamente se hiciera con ocasión de la propuesta de dragado de profundización del Guadalquivir, a fin de determinar si existe suficiente certeza sobre los riesgos derivados del vertido o resulta necesaria la aplicación de los principios de precaución y cautela».
También propone que «se solicitase al Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana el informe previsto en la legislación reguladora de este Espacio Natural, a los efectos de conocer el posicionamiento de dicho organismo sobre las posibles afecciones al Parque de Doñana de los vertidos previstos, aun cuando dicho informe no tenga carácter vinculante». En este sentido, añaden como necesario «un pronunciamiento por parte de los organismos dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre la posible incidencia de los vertidos».